Tras la marcha del equipo de gobierno de Guanyar y Compromís, que compromete la estabilidad del pacto del Botánic y por ende el gobierno de la Generalidad Valenciana, a Puig no le queda más remedio que tomar cartas en el asunto y destituir al todavía alcalde alicantino .

La suerte entrecomillada que tenemos en Alicante, y sobre todo el hasta la fecha su alcalde, es la coincidencia temporal con el fallido golpe de Estado que los secesionistas han intentado llevar a cabo en Cataluña. El solapamiento con la crisis política de mayor envergadura desde la recuperación de la democracia hace cuarenta años, ha jugado a favor del alcalde alicantino y sus valedores, si es que alguno le queda. Tras el aldabonazo para la ciudad y su repercusión más allá de nuestras fronteras que constituyó la salida de la Volvo desde nuestro puerto, Alicante ha vuelto a ser noticia por los problemas con la justicia que tiene su primer edil. Llevamos una racha de récord, ni que se empeñaran en ello los últimos mandamases de la casa consistorial. Echavárri, que se le llenaba la boca en la campaña electoral de improperios contra la corrupción de los alcaldes populares, ha terminado por ser imputado por un delito directamente relacionado con la misma.

Porque corrupción es, aunque Echavárri trate de negarlo y más siendo abogado, la práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de las autoridades en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores. Lo define con total nitidez la RAE en su cuarta acepción del significado de la palabra. La Convención de Naciones Unidas contra la corrupción elaboró un listado de conductas tipificadas como tales, y la característica común a todos estos comportamientos supone la desviación de un poder en interés particular para la consecución de una ventaja indebida, patrimonial o de otro tipo, en su favor o en la de otro. Nuestro Código Penal no maneja un concepto unívoco de corrupción, los legisladores lo enmarcan, los referidos al poder político, dentro de los delitos contra la Administración Pública en el Título XIX o en el reciente Título XIII-bis en el que se regulan los delitos de financiación de los partidos políticos. La corrupción entendida como abuso de poder público para obtener una ventaja ilegítima en beneficio privado ha sido una constante a lo largo de todas las sociedades para obtener decisiones favorables de quienes ostentan el poder.

Los alicantinos no merecemos tener un alcalde presuntamente prevaricador, investigado por ello en dos causas. La dimisión de su cargo debiera haberse hecho efectiva nada más conocerse la decisión judicial que abre un proceso, en el que por los hechos conocidos, tanto Echavárri como sus asesores, tienen harto difícil salir con buen pie del atolladero en que sus decisiones les metieron. No es de recibo poner como excusa la esgrimida por el entorno del alcalde y por algunos dirigentes, cada día menos expresivos y más cautelosos ante la deriva del caso, de que en los estatutos socialistas la dimisión pasa por la apertura de juicio oral. No valoran todos ellos ni por un instante el daño irreversible que se le hace a la ciudad con todos estos tejemanejes que acaban por aburrir y desquiciar a unos vecinos que no merecen estos comportamientos, ni este equipo de gobierno que ya nació desde el rencor de sus firmantes. En el colmo del dislate, Echávarri se propone gobernar con tan solo seis concejales, los que sacara el PSOE en las pasadas elecciones municipales. Esperemos que la cordura, sino al alcalde, llegue a las altas instancias del socialismo y que ante la reiterada negativa a la dimisión contrapongan el cese fulminante.

Tras la marcha del equipo de gobierno de Guanyar, con un Pavón socarrón tras la muchas disputas y hostilidades habidas entre él y el alcalde, entre su grupo y el socialista, y el de Compromís, que compromete la estabilidad del pacto del Botánic y por ende el gobierno de la Generalidad Valenciana, a Puig no le queda más remedio que tomar cartas en el asunto, y, desdiciéndose de sus primeras manifestaciones, destituir al todavía alcalde alicantino en beneficio propio, de su gobierno autonómico y lo más importante y relevante, de la ciudad de Alicante, tan dejada por unos y por otros. Ergo, señor Presidente, tome usted la decisión más pronto que tarde.

Prevaricar es si cabe la falta más conectada con la corrupción, pues dictar resoluciones injustas a sabiendas, es la antesala de la malversación y demás delitos relacionados con la corrupción política. Las semanas, los días, incluso las horas que pasen con un alcalde aferrado al poder, no será más que tiempo robado a la ciudad, a sus problemas, a sus vecinos. Váyase, señor Echavárri, es lo mejor para su honor y para el de su partido.