El vigente PGOU de Elx fue aprobado provisionalmente por el pleno municipal celebrado el 26 de mayo de 1997. Hace más de 20 años. En 1998, la Conselleria de Obras Públicas le dio la aprobación definitiva. Y ahí sigue.
De los 27 concejales que había en el momento de su aprobación, sólo dos continúan en la política municipal: Carlos González, que ahora es alcalde, y Mercedes Alonso, que lo fue cuatro años y ahora sigue de concejal como viene haciéndolo en los últimos 26 años.
Que en 20 años han cambiado mucho las cosas es bastante evidente. La ciudad de Elx se ha transformado de manera importante. Y aún podría haberlo hecho más si no le hubiera afectado tanto la crisis que estamos padeciendo en los últimos años. Así y todo, sólo en lo que respecta a la población, hemos pasado de los 191.713 habitantes de 1998 a los 227.659 de 2016, último dato conocido. Un aumento a fecha de hoy que supera los 36.000 habitantes más, lo que supone casi un incremento del 20% en la población. Es un dato significativo, por lo que supone de mayor movilidad, necesidad de dotaciones de todo tipo, y de adaptabilidad de la ciudad y sus pedanías a ese importante incremento poblacional.
Apostar por modificaciones puntuales, aun siendo legal, no deja de ser un procedimiento atípico y siempre falto de transparencia y coordinación. Los PGOU no deben ser eternos y, más bien, deben estar siempre en concordancia con los intereses públicos y generales del municipio. En unos casos se deberá clasificar más suelo en determinados usos y, en otros, será el contrario, se deberá desclasificar suelo, bien porque el crecimiento previsto no se corresponde con la realidad, o porque condicionantes de sostenibilidad o de índole cultural o paisajística así lo aconsejen.
Lo que resulta difícil de justificar es que llevemos 10 años oyendo a diferentes alcaldes y, prácticamente, todos los partidos, que la revisión del PGOU de 1998 es una prioridad para ellos y no han movido casi una coma. A ver si va a resultar que es más fácil modificar la Constitución que nuestro Plan General. En época de Alejandro Soler ya se empezó, incluso se encargaron determinados trabajos que en nada quedaron después de pagarse. En 2011 el programa electoral del PP anunciaba que «se precisa un nuevo PGOU, de forma urgente...». Menos mal que dijeron que era urgente, porque en sus cuatro años de mandato sólo le hicieron cambios parciales y selectivos. El PGOU de 1998, que votaron en contra, siguió vigente. Ver para creer. Incluso en 2012 el PP anunció la primera fase del estudio para la redacción del nuevo PGOU. Y ahí se quedaron.
Ni que decir tiene que, en las municipales de 2015, todos los partidos, incluido el nuevo alcalde, Carlos González, declaraban que reformar el PGOU, que ya tenía 17 años, era una prioridad. Menos mal. Porque ahora ya se acerca a los 20 años y ahí está. Y queda año y medio de mandato y, probablemente, la peor para enfrascarse en estas cosas, y, máxime, sin mayoría absoluta en el Pleno y dependiendo de un partido como Ciudadanos, que tiene que hacer esfuerzos para disimular que son la cuarta pata de un tripartito, que es todo un fenómeno físico y metafísico.
En el reciente debate sobre el estado de la ciudad, muchos colectivos recordaron las promesas sobre el nuevo planeamiento que ya se les habían hecho otros años. Igualmente casi todos los partidos lo llevan como objetivo para 2018 y para todos es una prioridad, dicen. Incluso el propio alcalde declaraba, en julio de este año, que se había constituido la comisión de seguimiento de la revisión. No parece que funcione con mucha intensidad, si es que funciona. Hay pocas noticias sobre ella y tiempo cada vez queda menos. Es posible que quede para la próxima Corporación, ante la incapacidad manifestada hasta ahora por los que deberían haber prometido menos y haber trabajado más.
Y es una lástima no haber actualizado el Plan General en estos 20 años. No es el suelo residencial el mayor problema, especialmente en la ciudad. Pero sí hubiera sido conveniente, a la vista de su desarrollo, apostar por medidas de reequilibrio dotacional en los barrios más degradados y que, ahora con los fondos EDUSI, podrían beneficiarse de algunas actuaciones. Igualmente resolver los problemas en algunas partidas, por el rápido crecimiento en ellas. Reforzar la protección ambiental en determinadas zonas rurales y del litoral, así como los huertos incluidos en el núcleo declarado por la Unesco. Integrar la estación de Matola y prever suelo para la conexión con el aeropuerto. Planificar el crecimiento del suelo industrial y de servicios necesarios para el futuro e integrar el campus en la ciudad. Proponer ampliar la zona BIC en la Vila Murada, Raval de Sant Joan y zonas rurales. Con la nueva ley valenciana, de 2011, se podría haber apostado por un Plan de Movilidad sostenible en la ciudad que evitaría agresiones, tipo Mercado Central, y nos dotaría de más espacios peatonales. Etc. Etc.
La no revisión del PGOU ha demostrado una preocupante incapacidad municipal de afrontar los temas importantes de la ciudad. Y no es la única gran asignatura pendiente.
