En plena furia interventora, el Ministerio de Hacienda de Montoro ha tomado el Ayuntamiento de Madrid. Sin escándalo, sin policía, sin apenas titulares porque andamos todos muy ocupados en otros asuntos.

Montoro no aborda el Consistorio de la capital para detener un delito flagrante o una trama de robo de dinero público. En absoluto. El ministro hurta a los madrileños su autonomía financiera por el incumplimiento de la regla del gasto, contenida en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración, una norma que básicamente convierte a los ayuntamientos en los paganos del desmán ajeno. Esa ley que asfixia a la Administración más próxima a los ciudadanos viene a decir que si generas un euro disponible primero van los bancos y la devolución anticipada de deuda (aunque estés al día en los planes de amortización, el pago a proveedores y con tus cuentas saneadas) y luego, si acaso, las personas. Cuestión menor para el Gobierno que decretó una amnistía fiscal inconstitucional que blanqueó cerca de 39.000 millones de euros, que incumplió sus propias normas económicas (también la regla del gasto) entre 2012 y 2016, que vacía la hucha de las pensiones y que parece que camina firme en su plan de voladura del sector público.

Con la hoja de ruta de recentralización en marcha y sin apenas complejos, el Gobierno se comporta como un jugador fuera de control mientras los vecinos de las ciudades y pueblos españoles ven cómo su Ayuntamiento, teniendo los recursos, muchas veces no puede atenderlos como se merecen.

En el caso de Xàbia, desde que llegamos al gobierno hemos reducido la deuda de cerca de 42 millones de euros a solo 7,5 y no hay un solo proveedor a quien no se abonen a tiempo sus facturas. Hemos realizado un gran esfuerzo de inversión en infraestructuras que llevaban muchos años pendientes, hemos incrementado las ayudas sociales, etcétera. Y todo eso con una merma de ingresos de cerca del 3% y haciendo un enorme esfuerzo para no subir impuestos, que era lo más sencillo. Pues bien, aun así, generamos un remanente de tesorería de tres millones de euros que no nos dejan gastar. Con ese dinero se podrían construir instalaciones deportivas, realizar campañas de empleo para personas con necesidad, incrementar nuestra colaboración con las asociaciones culturales, deportivas, sociales y ONG o incluso bajar impuestos a nuestros vecinos y vecinas. Pero el Ministerio de Hacienda nos lo prohíbe para salvaguardar los beneficios de unos pocos en detrimento de millones de ciudadanos en toda España.

Por eso, como alcalde de Xàbia estoy convencido de que es hora de que digamos basta. Esta semana ha sido Madrid, pero la guerra insidiosa contra los ayuntamientos ya ha durado demasiado y se ha cobrado demasiadas víctimas que no salen en los periódicos ni pueden defenderse.