Dos años, ocho meses y diez días no es la duración de una condena, aunque en cierto sentido sí lo sea, sino el tiempo que un magistrado de Alicante ha mantenido paralizada la causa que se abrió en la primavera de 2013 contra el entonces diputado autonómico y exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi por tres delitos fiscales.Un proceso cuya instrucción fue rápida, al que el propio acusado provocó un parón por perder el aforamiento tras su dimisión pero que desde entonces ha dormido el sueño de los (in)justos en una estantería del juzgado de este magistrado. Las manos a la cabeza se han llevado sus colegas del Tribunal Superior a quienes pretendía endilgarles la vista oral. Una pretensión cuya legitimidad no se cuestiona, aunque el juez no se haya esforzado en exceso en argumentarla, según destacan su compañeros, pero sí la desidia que subyace del tiempo que ha tardado en plantearla con independencia de quién sea el encausado.
