Después de una instrucción veloz, es más que probable que la causa abierta por el fraccionamiento de contratos en la concejalía de Comercio de Alicante, la que ha puesto al alcalde en una situación más que delicada tanto en lo judicial como en lo político, sufra hoy su primer parón. Los abogados de Lalo Díez y Pedro de Gea, los dos asesores del regidor procesados junto a él por el troceo de facturas para burlar los procedimientos de contratación, han solicitado a la instructora que interrumpa los plazos hasta que dispongan de todos los documentos. Una petición que casi con toda probabilidad será atendida dado que realmente falta un material que los letrados aseguran que precisan para presentar sus recursos. Y una paralización que, aunque nada ha dicho al respecto la defensa del primer edil, obvio es que también dilata el tiempo para él. Ahora bien, y a la vista de a lo que otros munícipes inmersos en procesos judiciales nos tienen acostumbrados, sería todo un ejercicio de responsabilidad no provocar más dilaciones de las necesarias. Porque la Justicia tardía puede que case mejor con los intereses políticos, pero todos sabemos que es menos Justicia.
