Los sediciosos catalanes han venido haciendo uso del derecho de forma tragicómica. Hasta con sus propias leyes, que han incumplido toscamente, como sucedió con la farsa de los contenedores del primero de octubre o la declaración subsiguiente, que ni tan siquiera han seguido los mandatos aprobados por el Parlament y suspendidos o tumbados por el Tribunal Constitucional. Llama poderosamente la atención que ni el ordenamiento dispuesto por ellos mismos les haya merecido un mínimo respeto, así como la chocante intención que han revelado de utilizar los medios legales previstos en el país del que pretenden independizarse para combatir la estrategia de este frente a tal sedición, basada en recursos y más recursos que continúan interponiendo ante la jurisdicción española.
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> Todo esto encuentra explicación en la pésima condición de quienes han liderado este monumental lío. Como se encargan de manifestar los acontecimientos que ahora vivimos, aquellos que condujeron a este calamitoso estado de cosas desde cualquier óptica es evidente que no calibraron sus consecuencias, jurídicas o de cualquier otro género. O, si lo hicieron, indudablemente estamos ante temerarios que constituyen un peligro social notable.
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> Que en este movimiento hay dirigentes botarates, no creo que sea discutible a estas alturas. Pero que tantas personas les sigan, es verdaderamente preocupante. Las consignas de los que han vuelto a las calles con cacerolas ponen a prueba los más elementales argumentos de la historia del pensamiento, como ese de la legitimidad frente a la legalidad, como si esta última fuera impuesta por una criatura llegada de otro planeta y no aprobada por todos y cada uno de nosotros a través del sistema democrático, que es de donde procede precisamente la legitimidad. Las reacciones del derecho punitivo también son objeto preferente de estas hordas, pretendiendo oponerlas a la libertad y a la democracia, como si el Código Penal no hubiera contado con el beneplácito de ciudadanos libres y responsables, expresados en las urnas.
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> Los que exigen que los jueces y fiscales no apliquen la ley son los mismos que reclaman que lo hagan con urgencia cuando encaja con sus planteamientos, lo que no es de recibo. Quien se sitúe en el escenario que las normas contemplan, debe someterse como es natural al desenlace previsto en ellas, sin excepciones que vulneren la igualdad, porque en ese sencillo esquema está la base de cualquier sociedad moderna.
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> No tiene aquí responsabilidad alguna el poder político, como conoce cualquier ciudadano medio. El Estado de Derecho y su revolucionaria división de poderes no permitiría excepcionar la aplicación legal, además de que constituiría un delito. El indulto sería la única alternativa, siempre que hubiera previamente condena por los tribunales y el gobierno acatado los rigurosos requisitos previstos para otorgar esa gracia.
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> Pueden salir a las plazas tantas veces como lo deseen. Pueden clamar porque se privilegie ilegalmente a unas personas frente a otras. Pueden confiar el tiempo que quieran en la posverdad emotiva y enardecida, agitada por medios subvencionados y cabecillas iluminados. Pueden llorar lo que estimen por conveniente. Pero lo que nunca podrán hacer es amenazar un sistema secular cimentado sobre la razón, la prudencia y la misma historia de la civilización.
