Con el turrón y el cava llegarán unas elecciones dramáticas para Cataluña y para España. Estamos ya en precampaña y a un mes del comienzo de la campaña que debe culminar con la elección de un nuevo Parlament. Todos los sondeos apuntan a que va a ser un resultado muy ajustado, donde las candidaturas independentistas pueden sumar más escaños y perder en votos, como actualmente.
El objetivo político de los independentistas se basa en presentar una imagen de víctimas ante la fuerza y «brutalidad» del Estado español. Se representan como escrupulosos y pacíficos demócratas; siempre dispuestos al diálogo; fieles defensores del pueblo catalán. Todo lo que contribuya a reforzar esa imagen les supondrá mejorar los resultados electorales. La intervención el 1 de octubre de Policía y Guardia Civil fue un error garrafal del Gobierno, porque reforzaba esa imagen que los independentistas querían dar ante Europa y la comunidad internacional. Consiguieron de una tacada abrir los informativos de medio mundo y las portadas de los principales periódicos y el Gobierno y la sociedad civil catalana tuvieron que emplearse a fondo para explicar las ilegalidades cometidas y las medidas antidemocráticas del gobierno de Puigdemont.
Las últimas actuaciones judiciales poniendo en vigor las propuestas de la Fiscalía del Estado refuerzan la estrategia política de los independentistas. Por supuesto sin que esa fuera su intención, pero son de las buenas intenciones capaces de empedrar el infierno. La torpeza no es achacable a la juez, pero sí al fiscal y al gobierno de quien depende. Son sumamente torpes. Cuando más aislado estaba el independentismo en la sociedad catalana y Puigdemont haciendo el ridículo en Bruselas, el encarcelamiento aquí de su gobierno refuerza la imagen que pretenden dar y destroza lo conseguido tras la convocatoria por sorpresa de las elecciones para el 21 de diciembre.
Las resoluciones judiciales se acatan, suelen repetir los responsables políticos. También recurrirlas, quien pueda, a las instancias superiores al juez de instrucción. Acatarlas es una obligación ciudadana ineludible, pero acatarlas no significa que no se puedan recurrir, comentar e incluso rebatir. ¿Si el juez Pablo Llarena que instruye esta misma causa en el Supremo y el mismo fiscal del Supremo concede a la Mesa del Parlament tener una semana más para preparar su defensa, porque se les deniega en la Audiencia Nacional? ¿Si el magistrado del Supremo pone en duda la existencia del delito de rebelión ?el cargo más grave, penado con más de veinte años de cárcel? y lo califica de conspiración para la rebelión ?menos de diez años? porque la Fiscalía insiste en la acusación de rebelión? El resultado es que refuerza la imagen que los secesionistas quieren dar: la de «presos políticos», pacíficos, demócratas y víctimas de la represión del Estado español. Todo lo conseguido desde la entrada en vigor del 155 y la convocatoria de elecciones se tambalea por una actuación injustificable y torpe del fiscal general, José M. Maza.
Puede modificar las acusaciones en el sentido del juez del Supremo y añadir el desacato, la usurpación de funciones y más. Ninguno de los encausados va a huir, al menos en fase de instrucción y mientras no haya una sentencia firme, sobre todo porque tanto Puigdemont ?que volverá? como su gobierno están obligados, si no quieren dar la imagen de cobardía, a ser candidatos en las próximas elecciones. Y es imposible una inhabilitación en firme antes. Unos, otros, y los Jordis van a recurrir la prisión provisional, ganarán el recurso, y al igual que Artur Mas y sus consellers se transformará en una libertad condicional previa millonaria fianza. Pero todo este proceso les va a suponer a los independentistas la primera media hora en todos los telediarios durante varias semanas y la primera página de muchos periódicos nacionales e internacionales. Nos van a aburrir: entre recursos, resoluciones judiciales, salidas escalonadas de la cárcel, recibimiento multitudinario en sus ciudades, entrevistas, declaraciones y comentarios. Tienen la agenda completa. Les han hecho la campaña electoral judicial y no les costará un euro. Lo vamos a ver en pocos días con los Jordis, y los demás, de forma escalonada. La traca final será el regreso, voluntario o forzado, desde Bruselas de Puigdemont, a diez días de la votación.
La justicia es lenta en actuar, pero no tiene por qué serlo en comprender. Al final las sentencias acarrearán prisión por la gravedad de los hechos; pero no hacía falta ayudarles a ganar la campaña electoral. Porque igual van y la ganan.
