Tras el fracaso de las medidas que hasta ahora se han puesto en práctica para tratar de reducir significativamente la lista de espera de personas que esperan una valoración para la dependencia en la Comunidad Valenciana, las consellerias de Sanidad e Igualdad (gestionadas por el PSOE y Compromís, respectivamente), han decidido que en los hospitales públicos haya valoradores de dependencia, de manera que estos trabajadores sociales tramiten directamente las solicitudes de respaldo económico para las personas mayores que, por su situación, ingresen en los centros hospitalarios. Muy buena idea, siempre y cuando vaya acompañada de algo que es imprescindible para dar una respuesta adecuada a las personas dependientes y a sus familiares: dinero. En la provincia de Alicante todavía hay 9.400 personas en lista de espera para que se les realice una valoración técnica de su estado y a partir de ahí confiar en que la burocracia vuele para obtener la ayuda económica de la administración. Algunos dependientes aguardan pacientemente dos años y esta comunidad tiene que asumir la vergüenza de que hayan fallecido enfermos sin haber percibido ni un solo euro de los que les correspondía para poder ser atendidos con dignidad. Es evidente que hace falta dinero para contratar valoradores en todos los hospitales, y asistentes sociales en los ayuntamientos que combatan el colapso que se registra y padece en la elaboración de informes. Y lo más importante, sin duda, dinero para hacer frente a la creciente factura que representa el abono mensual a los dependientes. Pero no lo hay en la comunidad de España peor financiada, como es la valenciana, pese a que sean otras las que más se quejan. Por ello, en la situación en la que estamos, lo fundamental es tener suerte para no ser dependiente.
