La liturgia independentista se asienta en dogmas preconcebidos, falsos, tópicos, que no resisten el menor análisis. Lugares vacíos a los que se recurre una y otra vez como letanías. Sentimientos que hay que respetar, pero nunca discutir. Suenan como un conjuro en los corazones secesionistas y de nuevos creyentes nacionalistas.

1. El derecho a decidir. Ese derecho no existe así formulado, en abstracto, en ninguna constitución del mundo. Tampoco en el Estatut. El derecho a votar, a decidir, siempre es sobre un tema, dentro de un sistema legal y atribuido a un sujeto: toda España, una comunidad autónoma, la ciudad de Barcelona, o un barrio de cualquier ciudad. En democracia es dentro de una legalidad, de un sistema legal que establece en qué y quién o quiénes tienen el derecho a decidir. ¿Puede un municipio como L'Hospitalet convocar un referéndum para segregarse de Cataluña?, ¿puede la provincia de Tarragona votar para segregarse de Cataluña e integrarse en la Comunidad Valenciana? No existe como tal en ninguna Constitución democrática.

2. El mandato surgido del 1-O. No hay tal mandato por múltiples motivos: la convocatoria del referéndum es ilegal; eran ilegales las leyes en las que se basaba porque inclumplían el propio Estatut de Catalunya, que requiere dos tercios de la Cámara para cualquier decisión importante. Así lo advirtió el propio Consejo de Garantías Estatutarias sobre la ilegalidad de los temas del pleno del 6 de septiembre. El llamado mandato surgido del 1-O estaba decidido en el «procés» por los sumos hacedores, cualquiera que hubiera sido el resultado de la votación ese día.

3. La declaración formal de independencia, que ni siquiera existió, se suspende como el propio Puigdemont reconoce en su nota del día 19. Un presidente demócrata no puede suspender el resultado de un referéndum democrático a menos que ninguno de los dos lo sea. El pleno del Parlament no ha vuelto a reunirse desde la exposición del día 10; ni la votará porque los independentistas no tienen los dos tercios de diputados que requiere el propio Estatut para su reforma (artículo 56 y 222) que en ese caso sí debería someterse a referéndum.

4. Libertad para Cataluña y contra la represión. En Cataluña se tiene las mismas libertades que en el resto de España y de la Unión Europea. La policía, la Nacional, la Guardia Civil y los Mossos cumplen las mismas funciones que en cualquier país de la UE. Los antidisturbios de la Generalitat no son hermanitas de la caridad cuando actúan; es más, en alguna ocasión mossos han sido condenados en los tribunales por torturas en las comisarías, como si fueran de la vieja escuela. Y los tribunales se atienen a la legalidad y se puede recurrir hasta al Tribunal Europeo. La separación de poderes sigue en la Constitución, por muy torpe que sea el fiscal y quien le haya dado las órdenes, que es el fiscal general nombrado por el Gobierno.

5. El «procés» no tiene consecuencias económicas, ni supone la salida de la UE ha repetido el conseller de Economía ?con sinceridad y con la mano en el pecho, como suele hacer? Oriol Junqueras. El dinero no tiene patria y el cambio de las sedes empresariales arrastrará otros servicios y empresas. Malo para Cataluña y también, en menor medida, para el resto de España.

Al final, a todos los tópicos les falta el sujeto elíptico, que se da por sobreentendido: el derecho a decidir, de la nación; el mandato, de la nación; la independencia, de la nación; libertad, para la nación; no tiene consecuencias negativas, para la nación... La nación es el sujeto que evita la discusión y el debate; las emociones nacionales no se discuten. Por la nación se sacrifica la legalidad y los derechos de los otros; la liberación nacional ?el freedom Catalonia? es anterior y superior a la de los individuos. Por la nación se muere y se mata como demostró el franquismo y ETA.

Estos conflictos sólo se pueden resolver: a) En términos de fuerza; la confrontación abierta es un desastre siempre. b) Que los independentistas se replieguen con la consiguiente frustración y resentimiento para esa parte ?al menos un tercio? de la población. Y no hay una CiU capaz de encauzarlo; como ha hecho el PNV en Euskadi tras Ibarretxe. Ni garantías de que no se reproduzca. c) Dialogar dentro de la Constitución que nos considera a todos sujetos con iguales derechos, para reformarla. No hay más.