Sea porque Montoro quiera escenificar ante las autonomías que los avances en financiación y autogobierno se logran a base de diálogo, sea porque el Ejecutivo no puede dejar de atender las demandas de las comunidades más discriminadas mientras escucha las reivindicaciones de gobiernos regionales poco afectos al gabinete de Rajoy, el caso es que a la Comunidad Valenciana puede salirle a cuenta la crisis desatada por el soberanismo catalanista. Con el 155 sobrevolando el escenario de la reunión entre el titular de Hacienda y el jefe del Consell, Ximo Puig, el ministro, que hasta hace poco llamaba llorones a quienes exigen al Estado lo que en justicia debería repartirse entre los valencianos, se comprometió a desbloquear la reforma de la financiación y a convocar a la comisión que debe decidir cuándo y cómo llegará el dinero de Madrid. Bien por la vehemencia de Puig y bien por la generosidad del ministro, aunque se hace muy difícil desligar su gesto de la estrategia diseñada por el Gobierno central para frenar la astracanada independentista de Puigdemont, como si se temiera por la extensión del virus soberanista hacia la autonomía vecina (la nuestra), donde se habla una lengua similar y hasta las banderas se dan un aire. La esperanza nacida del encuentro Montoro-Puig deja cierta sensación de que hasta ahora -y desde que el PP dejó de gobernar al sur de Cataluña- hemos sido meros rehenes de Rajoy y de su ministro de Hacienda, tan pertinaz ahora para convencernos de que con autonomías de signo contrario se puede lograr el entendimiento sin necesidad de una declaración de independencia.
