Utilizo como leyenda del artículo el título de la película menor de la que fue guionista Ángeles González Sinde, a la sazón ministra de Cultura de Zapatero, porque de ello va el mal llamado «procés», que no es más que un golpe al Estado de Derecho. Mentiras y gordas, en su acepción grande o fuera de lo corriente. Desde hace tiempo venimos consintiendo, por no combatirlas, toda una sarta de mentiras en el terreno histórico que han ido calando en sectores de la población catalana, sobre todo en el segmento más joven, y comprado, cuando no defendido, por grupos del buenismo y la equidistancia, en su versión de mediadores de la nada.

Los dirigentes de la Generalitat, con la colaboración necesaria de todos los secuaces que les han acompañado, no han parado de mentir. Al más puro estilo gobbeliano, una mentira mil veces dicha se convierte en una verdad asumida, han intoxicado junto a sus brazos armados de la ANC y Omnium Cultural, tanto la educación como a la sociedad, fracturando Cataluña. Desde la flagrante falta a la verdad de convertir la guerra de sucesión española en guerra de secesión, pasando por convertir en héroe al doblemente sedicioso Lluís Companys, hasta lo acaecido en nuestros días, la mentira ha sido su enseña, mucho más que la estelada que ondean las turbas multitudinarias jaleadas por las dos asociaciones subvencionadas.

Mentiras y deslealtad, son los mimbres con los que el independentismo catalán quiere, se empeña en construir su quimérica república. El engaño como eje de su discurso populista, que como toda ideología totalitaria y autárquica busca desesperadamente un enemigo que construye para soliviantar las masas y que movilizadas para proteger a sus líderes, que les guiarán hacia un nuevo orden al más puro estilo fascista con el que Mussolini se plantó en Roma. Mienten con la violencia represiva del Estado español, mienten en el inflado número de heridos de la triste jornada del esperpento de consulta, mienten en los resultados ad hoc, mienten en los dos millones de votos que dicen les apoyan, mienten con descaro en el tema del apoyo internacional, mienten en todo lo relacionado con Europa, mienten cuando describen el surgimiento de una república potente económicamente y en la que los jubilados serán unos privilegiados y los trabajadores conseguirán su perseguida utopía, mienten cuando aseguran que las empresas no se irán, mienten cuando aseveran que volverán, mienten cuando claman por la negociación, que no admiten más que bajo «su legalidad» construida mediante engaños y ataque frontal a la legislación constitucional vigente, mienten cuando manosean el diálogo al que únicamente están dispuestos una vez reconocida su soberanía, mienten a borbotones, su discurso no es más que una gran mentira. Mienten en los periódicos, mienten en las radios y televisiones, sobre todo en las públicas en las que la agiprop independentista es diaria, mienten en la calle, en los teatros, en los salones prestados por amigos empresarios de los medios de comunicación que se declaran troskistas e independentistas, mienten en el Congreso de los Diputados, mienten en las instituciones catalanas, siendo desleales hasta con su propio Estatut de Autonomía, que se cargaron los fatídicos días 6 y 7 de septiembre, bastante antes de que el Gobierno de España ponga en marcha el manido artículo 155, indispensable ante el esperpento de sainete, que sigue y suma con la no contestación de Puigdemont al requerimiento gubernamental.

Tras tantas y tantas mentiras, tras tanta deslealtad, tras tanta desobediencia al Estado de Derecho, los representantes de la Generalitat, la presidenta del Parlament y los 72 diputados que apoyan al Govern, se han puesto fuera de la ley, y ya no están legitimados para poder negociar ni dialogar con nadie ni de nada, pues por activa y por pasiva han hecho caso omiso de los poderes del Estado de Derecho, judicial, ejecutivo y legislativo, que les han conminado a la vuelta a la legalidad ante su tozudez en no enmendarla. A partir del jueves es la hora de controlar por el Estado español las instituciones catalanas, desde la seguridad hasta la educación y finanzas, para en un tiempo prudencial convocar elecciones, y que unos nuevos actores sean los que decidan el futuro de la Comunidad Autónoma dentro del ámbito constitucional. Los posibles delitos cometidos por quienes han estado al frente de este golpe de Estado programado y consumado, y por quienes han sido colaboradores necesarios, quedarán en manos de los jueces y magistrados.