Con calma se ha tomado el magistrado Eugenio Alarcón el proceso abierto al exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi por tres delitos fiscales y uno de cohecho impropio por los que la Fiscalía reclama casi diez años de prisión. Con una parsimonia que está en las antípodas de cómo debe entenderse la administración de la Justicia, el magistrado ha dejado reposar durante más de dos años y medio un procedimiento que arrancó en 2103 y del que ahora quiere desprenderse para devolverlo al Tribunal Superior de Justicia. Desde allí fue remitido a Alicante en junio de 2014 tras renunciar el exregidor a su escaño de diputado y perder, por tanto, el aforamiento que justificaba la competencia de ese órgano. Con independencia de las razones por las que el exprimer edil dimitió, admitiendo incluso que pudiera buscar una demora en su cita con el tribunal, lo cierto es que no parece de recibo que, cuando lo único que faltaba era el señalamiento y la celebración de la vista oral, se descuelgue ahora su señoría con un conflicto de competencias apoyándose en un acuerdo del Supremo posterior al envío del asunto a Alicante. Aunque no puede negarse que el juzgado que dirige el magistrado Alarcón es uno de los más colapsados de Alicante, seguro que tiene que haber otras fórmulas para aligerar la carga de trabajo.
