El tercer año consecutivo de sequía en la provincia, que tiene contra las cuerdas a un sector agroalimentario del que comen cien mil familias en la cuenca del Segura, y con la amenaza de que en cualquier momento se aprueben las primeras restricciones en el consumo urbano, ha vuelto a demostrar la falta de solidaridad y la incapacidad del Gobierno central -éste, el anterior, el precedente al anterior y el que llegue en el futuro- para solucionar un problema que hasta ahora ha pasado desapercibido para los ciudadanos (mientras abra el grifo y salga agua?) pero que puede hipotecar el futuro de la provincia porque hasta los más acérrimos defensores de las políticas de la exministra Cristina Narbona admiten que la desalación no puede ser la única solución al problema.
El trasvase Tajo-Segura se cerró en mayo y, salvo milagro, así seguirá a lo largo de todo 2018 porque desde el próximo enero la línea roja a partir de la cual no hay trasvase subirá hasta los 400 hm³, casi el doble que el caudal que almacenan hoy los embalses de Entrepeñas y Buendia (236 hm³, doscientos menos que en octubre de 2016), y la macrodesaladora de Torrevieja, como mucho, solo puede aportar unos 50 hm³ al año, trescientos menos que los que llegaban todos los años del Tajo. Una situación dramática que no impide, sin embargo, que de estos exhaustos pantanos se hayan sacado desde mayo más de 100 hm³ para abastecer a Castilla-La Mancha.
Algo que es tan legal como el que los regantes del Acueducto Tajo-Segura hayan llegado a un acuerdo con sus colegas de Estremera (Aranjuez) para comprarles por algo más de un millón de euros los 8 hm³ con los que se tratará de salvar las cosechas. Una transacción de caudales que tiene todo el respaldo jurídico del mundo, pero que ha vuelto a destapar la caja de los truenos en la cuenca cedente, donde los agricultores pueden comercializar con sus derechos sobre dotaciones de agua del río que, históricamente, se niegan a los colegas que reciben agua de los trasvases. Una autorización insisto, avalada por la ley del memorándum del Tajo que firmó, entre otros, el gobierno de Castilla-La Mancha, el mismo ejecutivo que ahora pone el grito en el cielo por esta supuesta estimulación de los recursos de Entrepeñas y Buendia, pero sí bendice cuando el caudal se reparte entre sus agricultores.
O sea, que prefiere que el agua no se utilice antes de que llegue a la provincia de Alicante, la misma en la que, y no queremos ser demagogos pero a la fuerza ahorcan, desde los años 60 trabajan cientos de trabajadores manchegos que han contribuido y contribuyen a dar riqueza a Alicante; la misma en la que muchas familias castellano-manchegas pasan el verano, y la misma que aporta recursos económicos para otras regiones menos favorecidas por el clima en España.
El sol no se puede llevar de un lado a otro, el agua sí, y el hecho de que en la Vega Baja y el Baix Vinalopó se puedan obtener dos cosechas beneficia a todos. Que a estas alturas de la sequía se sigan defendiendo los argumentos de que el agua que sale de Castilla-La Mancha es para construir casas y regar los campo de golf en Alicante clama a ese cielo que desde hace meses no regala ni una gota de lluvia.
La Confederación del Tajo, cuyo presidente Miguel Antolín cayó fulminado el pasado fin de semana tras el acuerdo de Entrepeñas para la compra de 8 hm3, sí que ha permitido que de los pantanos de Entrepeñas y Buendia, que están al 10% de su capacidad, se hayan sacado 115 hm³ para abastecer a las explotaciones agrícolas de Castilla-La Mancha, mientras a las provincia de Alicante y Murcia no llega agua para riego y tampoco para el abastecimiento urbano, algo que sí tiene garantizado Madrid, gracias a las reservas del río Alberche y la sierra de Gredos.
El problema es grave porque al margen de la agricultura, el suministro urbano de los 34 municipios de la provincia abastecidos por el Taibilla depende de los caudales del Tajo, porque la desalación, insisto, no puede suplir el agua del trasvase. Y la falta de solidaridad más grave aún.
Resulta fácil seguir acusando a Alicante y Murcia de esquilmar los recursos de Castilla-La Mancha, mientras la vecina comunidad agota sus acuíferos sobreexplotados creando miles de hectáreas de regadío y en la que nadie se pregunta en qué emplearon los gobiernos del PSOE y del PP, el caudal de dinero que llegaba todos los años desde la provincia de Alicante y Murcia a cambio del agua del trasvase y que debía haberse empleado para dotar de infraestructura a los municipios ribereños del Tajo para garantizar su suministro hídrico. ¿Por qué nadie se lo pregunta?
El agua es también un problema de Estado y si en los convulsos años 30 del siglo XX se pudo llegar a acuerdos para empezar a diseñar el Tajo-Segura, ¿qué hace falta en la Europa de la globalización, o volvemos a los reinos de Taifas? Urge una solución.
