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Camilo José Cela Conde

Salud ciudadana

La revista Science ha publicado un artículo, con Jens Hainmueller como primer firmante de un grupo de once investigadores, que plantea una nueva y bien interesante perspectiva sobre la orden de deportación de cerca de 11 millones de inmigrantes ilegales en los Estados Unidos. Hainmueller es profesor de Ciencia Política en la Universidad de Stanford (California) pero en su equipo figuran especialistas en pediatría, obstetricia y ginecología que cabe esperar que sean quienes han aportado esa perspectiva nueva a la que me refería antes. El punto de partida es, sin embargo, del todo político, porque esos millones de personas con amenaza seria de ser expulsados de lo que era hasta ahora su entorno laboral y familiar, de su país, en suma, resultan ser padres de niños que deberían considerarse ciudadanos estadounidenses con todos sus derechos y libertades. Los que llegaron a los Estados Unidos muy pequeños; más de cuatro millones. Pues bien, entre los derechos que les asisten a esos más de cuatro millones de estadounidenses están en primer lugar los constitucionalmente establecidos. Es sabido que la Constitución de los Estados Unidos original ?de 1787, la más antigua del mundo? no incluía mención alguna en detalle a los derechos de los ciudadanos, añadidos en las enmiendas de 1791 que constituyen la llamada Carta de Derechos. Es sabido también que esa Carta protege más el uso de armas que el derecho a la salud de los estadounidenses, asunto controvertido donde los haya. La estrategia política de Donald Trump contra el sistema de salud montado por su predecesor es otro de los pilares de su presidencia. Pero la Constitución establecía en su preámbulo el objetivo del bienestar general de los ciudadanos. Imagino que es ese el argumento al que se aferran Hainmueller y colaboradores cuando proporcionan datos científicos sobre los trastornos mentales de los hijos de inmigrantes ilegales amenazados por la expulsión. Verdad es que el estudio se hizo en un solo Estado de la Unión pero sus conclusiones sirven al menos de indicio. El trabajo de Hainmueller y colaboradores comparó, con datos obtenidos de la asistencia médica en el Estado de Oregón, los diagnósticos de trastornos de ansiedad en dos grupos: hijos de inmigrantes ilegales en general y aquellos cuyas madres se acogieron al programa DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), que suspendía la deportación por el hecho de contar con niños pequeños. Los hijos de madres beneficiadas por el DACA mejoraron en los trastornos de adaptación y ansiedad, con una caída de cerca del 50% en la tasa del diagnóstico. El sentido común explica de sobra las razones de esa mejora pero lo importante es que existe ya un soporte científico en favor del bienestar amenazado de unos ciudadanos muy particulares, aunque sólo sea por su fragilidad. Es harina de otro costal que se añada el soporte político ante tal evidencia.

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