El ruido es alto hasta tal punto estos días que ya no somos capaces de distinguir las voces. Hemos perdido la capacidad de escuchar, llegando, incluso, hasta la sordera.
No me refiero sólo a Cataluña. Me hago eco de las noticias aparecidas en los últimos días sobre la apertura de juicio oral al exalcalde de Santa Pola y a tres ediles de Elche entre 2004 y 2014. Dos del Partido Popular, Luis Ángel Mateo y Justino Delgado. Uno del Partido Socialista, Emilio Doménech. Y lo que me llama mucho la atención, también han sido imputados tres funcionarios, dos de Elche y uno de Santa Pola. La Fiscalía les acusa a todos de un presunto delito de contaminación acústica por haber permitido que dos establecimientos de El Carabassí excedieran los niveles de ruido establecidos durante mucho tiempo. Acusa a los dos ayuntamientos no sólo de no hacer nada, sino de connivencia con la empresa propietaria de los establecimientos. Ahí va eso. También, a finales de agosto publicaba este diario que la Fiscalía solicitaba 12 años de cárcel para los gestores de un pub del centro de Elche por un presunto delito contra el medio ambiente y otro de lesiones debido al volumen de la música, lo que obligó a una familia a cambiarse de casa.
La noticia es casi providencial, ya que durante este mes está previsto que el pleno dé el visto bueno a la nueva ordenanza de protección de la contaminación acústica, ya aprobada en su fase inicial el pasado 31 de julio. Por añadidura, pone de relieve lo importante que es para la convivencia hacer valer la ley. La contaminación acústica es, paradójicamente, silenciosa. Sólo la entienden quienes la sufren, porque no deja residuos físicos, aunque sí muchos perjudicados. No deja rastro, pero sí secuelas. No se ve, pero sus consecuencias son evidentes. No es sólo ruido, es contaminación. Es decir, potencialmente perjudicial y una seria amenaza para la salud pública, como señala la OMS. Según el informe remitido por el Ministerio de Agricultura y Medio ambiente a la Comisión Europea en marzo de 2016, Elche ocupa el lugar 17 en el ranking de las ciudades más ruidosas de España, por encima de capitales como Madrid, Bilbao, València, Granada o Alicante.
La ordenanza llega en un momento oportuno y certero, si tenemos en cuenta la apuesta por la sostenibilidad y la candidatura de Elche a Capital Verde Europea en 2030. A día de hoy, me resultaría incompatible la posición que ocupa Elche en ese ranking con la posibilidad de convertirnos en capital verde.
Esta ordenanza coincide, además, con la proliferación de las terrazas en nuestra ciudad que, como se ha apuntado en este diario, sigue en continuo crecimiento durante los últimos cinco años, alcanzando un aumento del 50% lo que llevamos de éste. Es evidente que es una empresa muy ardua compatibilizar el derecho al descanso con el derecho al ocio y al negocio. Por esa razón, es crucial que la ordenanza sea extremadamente concreta y específica, de modo que deje el menor espacio posible a la arbitrariedad de la interpretación. Y, por supuesto, lo más importante, que se aplique.
La nueva ordenanza es más sistemática y justa que la anterior, aprobada por Mercedes Alonso con dos sentencias en contra que anulaban dos artículos. Uno por tener un carácter disuasorio ante el ciudadano que quería denunciar y otra por no limitar los niveles de ruido durante las fiestas. Esta nueva contempla la creación de dos nuevos instrumentos, el Observatorio del Ruido y la Oficina Virtual de Control Acústico. Aunque la palabra observatorio esté de moda ?antes se creaban comisiones-, no deja de ser una forma retórica de no afrontar el problema con la responsabilidad que requiere. En este sentido, la propuesta de modificación de la ordenanza, presentada por la Asociación de Afectados por el Ruido de Elche, para instalar una red abierta y accesible de sonómetros ambientales que monitoricen las zonas más sensibles sería la forma más eficaz y directa de que tomáramos todos conciencia sin lugar a la arbitrariedad y reduciendo el estrés al que se debe enfrentar un ciudadano para demostrar que está sufriendo. Todos veríamos el nivel de ruido al que nos exponemos, como, por ejemplo, ocurre en Alicante.
Con respecto a las terrazas, teniendo en cuenta su proliferación, van a generar, como ya lo hacen, una problemática muy variada y no sólo de ruido, por lo que la ordenanza debería ser más concreta en este sentido y garantista con respecto a los derechos de los vecinos.
Ya tenemos fondos europeos y el objetivo. Quedaremos a la espera de ver de qué forma coherente y sistemática se materializa la apuesta por la sostenibilidad en nuestra ciudad.
Lo que me reconforta es saber que, al menos, en el caso de El Carabassí, nuestros políticos responden en el banquillo de sus responsabilidades políticas. Si fuera concejal, me daría por aludido.
