Mientras que alguno de ustedes dos está leyendo este artículo acompañando sus líneas con breves sorbos de intenso café, puede que a centenares de kilómetros, en otro punto de España, Cataluña, y contra de la voluntad de la inmensa mayoría de españoles, se esté intentando perpetrar uno de los más infames actos antidemocráticos, de insolidaridad, radicalidad, totalitarismo, exclusión y odio que nunca hayamos conocido. Sí, me refiero al vergonzoso referéndum convocado por unos secesionistas delirantes, por unos radicales enfebrecidos, sin la más mínima garantía de trasparencia, legalidad, control imparcial, censo electoral, interventores libres y junta electoral independiente. En definitiva, una votación a la búlgara, un referéndum tan plácido, opaco y fiscalizado por sus organizadores, que para sí quisieran las democracias más ejemplares y consolidadas del mundo: Corea del Norte, Cuba, Venezuela o Irán. Incluso en estos países existen algunas -muy pocas, pero algunas- reglas de mayor transparencia que las que pretenden regir la mascarada antidemocrática a celebrar en Cataluña.
Aceptar que esa votación -en las condiciones que pretenden celebrarla los convocantes- constituye un ejemplo de democracia y libertad del pueblo catalán como quieren venderle al mundo sus instigadores, resulta un ejercicio de honestidad intelectual y democrática de tal calibre que solo de imaginarlo se puede contraer cualquier enfermedad de transmisión nazi-comunista. Y contra ese grave peligro no hay más protección que el cumplimiento de la Ley y el acatamiento a la Constitución; sí, aquella que fue aprobada por la inmensa mayoría de españoles, incluidos los catalanes. Y para que el cumplimiento de la Ley sea una obligación que a todos nos atañe -también a los secesionistas-; para que el imperio de la Constitución se constituya como marco por el que regir la convivencia pacífica de los ciudadanos, la protección del estado democrático, no hay otra medicina que hacerlas cumplir; sin miedo, sin complejos melifluos, sin tibiezas suicidas. Desde el respeto por los derechos constitucionales, sí; desde la proporcionalidad y la mesura, sí; pero también desde la enérgica y firme determinación del estado de derecho cuando la enérgica y firme determinación de quienes violan ese estado de derecho sale a las calles para violentarlo y destruirlo, para instalarse en la anarquía totalitaria, en el fascismo comunista.
El cinismo antidemocrático con el que se están vistiendo los secesionistas convocantes de la vergüenza dominical a la que llaman referéndum, solo es comparable con la contumelia y desvergüenza con la que les secundan partidos políticos populistas de extrema izquierda, siniestros personajes (ETA, Otegui), algunas instituciones (el Barcelona club de fútbol) y parte de una prensa internacional tan ambigua como injusta cuando se refieren a problemas españoles. Frente a la contundencia que a favor de la Constitución y contra la totalitaria ilegalidad separatista están demostrando la inmensa mayoría de medios de comunicación españoles (véase la línea seguida por El País, que ha dedicado más de una docena de editoriales a la deriva secesionista con títulos tan explícitos como «Las mentiras de Puigdemont», «Fraude a los catalanes», «Miedo en Cataluña» o «Restablecer el orden constitucional»); frente a esa defensa, digo, de nuestra democracia por los medios de comunicación españoles resulta sorprendente, por infame y abyecto, el postureo y comprensión que han mostrado algunos periódicos extranjeros, especialmente ingleses, con tan flagrante ilegalidad, con un acto tan antidemocrático y un proceder de los dirigentes separatistas tan contrario a la libertad. Es de una mezquindad repugnante, de una indecente y perversa frivolidad, comparar Tiananmén con Cataluña, decir que la Guardia Civil es un cuerpo paramilitar, hablar de redadas o de que el Gobierno español reprime con violencia e impide por la fuerza expresarse a los catalanes en libertad. Ello, además de recoger casi en exclusiva, sin la menor contrastación critica, solo los puntos de vista de los separatistas.
Hoy es domingo, y precisamente por eso recuerdo el Domingo Sangriento (Bloody Sunday) del 30 de enero de 1972 en Derry, Irlanda del Norte. Ante una pacífica manifestación pidiendo por los derechos civiles, el Ejército británico -sí, EL EJÉRCITO- disparó contra los manifestantes desarmados asesinando a 14 personas e hiriendo a más de 30, muchas de ellas por la espalda. Así entendía la democracia inglesa cómo debían dialogarse los derechos humanos. La comisión oficial de investigación encargada al presidente del Tribunal Supremo exoneró al Ejército de cualquier reponsabilidad. Treinta y ocho años más tarde el primer ministro Cameron reconocía que los asesinados iban desarmados y que fueron los soldados quienes dispararon sin ninguna justificación. Tardaron solo 38 años. Nunca se juzgó a ningún político inglés ni a responsables del Ejército. Ese no fue un domingo cualquiera. ¿Y los medios de comunicación ingleses tan hostiles hoy con la democracia española? ¿Quieren referencias? Ahí tienen unas cuantas.
