30 de septiembre de 2017
30.09.2017
Tribuna

Marcha por las pensiones públicas dignas

01.10.2017 | 00:35

En los últimos años venimos asistiendo a una oleada de mensajes alarmistas en relación a la situación de la viabilidad del sistema público de pensiones, por ello, los sindicatos de clases UGT y CC OO, hacemos de nuevo visible nuestro posicionamiento en defensa de un sistema público que es la expresión paradigmática de la solidaridad garante de cohesión y protección social.


Las diferentes reformas sufridas en los últimos años ?como la reforma laboral y la de las pensiones? impuesta de forma unilateral por parte del Gobierno del Partido Popular, nos han dejado unas pensiones ridículas que empobrecen cada vez más a nuestras pensionistas de hoy y del futuro.


Nuestra provincia se sitúa en el número 41 de España en lo que se refiere a la media estatal de pensiones, con una diferencia por debajo de 123,23 ?. Nuestra media es de 800 ?, claramente inferior a la de Castellón, que se sitúa en 818,55 ? y la de Valencia en 887,67 ?, según los datos que se han hecho públicos por la Seguridad Social correspondiente al mes de septiembre.


En relación a la pensión más importante en cuantía y número de personas perceptoras, es decir la de jubilación, la situación todavía es peor, ya que la pensión media de jubilación es la más baja de las tres provincias. Nuestra media es 909,29 ?, lo que supone 156,94 ? inferior a la media estatal y 63,60 ? inferior a la media de la Comunidad Valenciana.


Por sexos, la situación es, todavía, más preocupante. La pensión media de un hombre en Alicante asciende a 976,26 ?, mientras que la de una mujer se queda en 634,24 ?, una diferencia de 342,02 ?. En la pensión de jubilación la situación es similar, los hombres cobran de media de 1.050,03 ?, por los 673,85 ? de las mujeres: una diferencia de 376,15 ?.


Estas diferencias son fruto de cómo hemos venido denunciando desde los sindicatos que nuestro mercado laboral sigue deteriorándose, afectando especialmente al colectivo de mujeres. A ello hay que añadirle la economía sumergida, el fraude en la contratación, las jornadas de trabajo interminables y una legislación que ha desequilibrado la negociación colectiva hacia el lado de la patronal.


Otra de las consecuencias que la clase trabajadora está sufriendo es la de un empobrecimiento que en muchos casos está llegando a situaciones en las que a pesar de tener un trabajo, muchos trabajadores y trabajadoras se encuentran en el umbral de la pobreza, incidiendo además en la progresiva feminización de la pobreza.


Ante los discursos tan catastrofistas como falsos de la quiebra del sistema de pensiones en España, hay que insistir en la necesidad de aplicar otras políticas como las que desde CC OO y UGT proponemos, como son las de incidir en medidas que mejoren los ingresos del sistema, el aumento de los salarios, el empleo de calidad, y una más eficaz persecución del fraude y de la economía sumergida que contribuya al aumento de ingresos por las cotizaciones. Hasta la fecha lo único que hemos asistido es a un desmantelamiento de la llamada hucha de las pensiones que cuyos importes se han destinado a sufragar otro tipo de gasto del Estado.


Las trabajadoras y trabajadores vamos a aumentar la movilización en la calle para desenmascarar unas políticas de gestión de la Seguridad Social, orientadas de manera deliberada y planificada por el Gobierno actual hacia el fracaso del sistema público de pensiones y a su progresiva sustitución por pensiones privadas, poniendo esto en manos de los mismos bancos que han provocado la actual crisis, miles y miles de millones de euros que no van a devolver nunca.


Durante el mes de octubre desde UGT y CC OO promovemos la organización de diversas movilizaciones bajo la campaña «Las marchas p or las pensiones dignas», encaminadas a la defensa y mejora del sistema público de pensiones donde también reivindicamos trabajo decente que no es otra cosa que empleo con derechos, con un salario suficiente, con condiciones laborales dignas, con atención a cuestiones como la prevención de riesgos, la igualdad y la necesaria protección social. Y en Alicante, desafortunadamente, sabemos mucho de eso, precisamente por su ausencia.

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