El equipo de gobierno del PP que encabeza César Sánchez en la Diputación ha convertido en una seña de identidad de su gestión el reparto de ayudas millonarias «a dedo» al margen de la regulación de los planes de obras provinciales. La decisión de «regalar» una nueva subvención de casi 1,1 millones por «vía digital» al alcalde de la Nucía, Bernabé Cano, también diputado provincial del PP, es el último episodio de una doble perversión en el manejo de los fondos públicos. Forzar la norma hasta el infinito con un beneficio particular. Las ayudas nominativas -así se conocen en ese farragoso lenguaje administrativo creado para intentar que el ciudadano se entere del menor número de cosas posible- son un recurso de la gestión que sólo se debe utilizar para inversiones extraordinarias, urgentes o de emergencia que no permiten esperar a la tramitación anual de los planes de infraestructuras.
Ninguna de las obras envueltas en la polémica y concedidas «a dedo» por ese procedimiento a miembros del gobierno del PP en la Diputación -las rotondas de Calp del presidente, un polideportivo en Busot para Alejandro Morant, el mercado de Mutxamel de Sebastián Cañadas y ahora un proyecto deportivo en La Nucía- se ajusta a ese criterio de excepcionalidad. Son adjudicaciones arbitrarias y discrecionales. Son obras que, perfectamente, se podían ajustar a la convocatoria ordinaria de un plan de obras o de carreteras. O incluso a un programa especial de obras arquitectónicas o de envergadura, regulado con unas bases y, sobre todo, dando la posibilidad a todos los municipios alicantinos de optar a ese dinero en condiciones de igualdad. Así que estamos, decía, ante una primera decisión adulterada: conseguir por «enchufe» ayudas directas en condiciones favorables a través de un trámite directo y sin ningún tipo de convocatoria.
Pero hay una segunda perversión que, en mi opinión, vuelve a poner encima de la mesa el debate sobre la vigencia del modelo de las diputaciones. ¿Con qué criterio se concede una ayuda «a dedo» a esas localidades dándole prioridad sobre actuaciones en otras localidades? ¿Por qué la Diputación se negó a participar con 13,4 millones en el Fondo de Cooperación para repartir dinero con un sistema objetivo a los 141 municipios alicantinos y ya lleva adjudicados 5 millones para sólo cuatro pueblos -todos con alcalde del PP que, a su vez, son diputados provinciales- de forma directa? Es sencillo de explicar. En la negativa de la Diputación, informes al margen, pesa, por encima de todo, la necesidad de mantener el poder sobre la distribución de fondos en la corporación provincial. Al equipo de César Sánchez le interesa continuar repartiendo todas esas ayudas en función de su propio interés político en vez de con una fórmula clara y objetiva. Y eso, diga lo que diga el PP, sí pone en cuestión la credibilidad institucional de la Diputación.
