Uno de los mayores problemas que atenazan a las administraciones locales, condicionando sus actuaciones y lastrando su futuro, es el elevado endeudamiento que muchas de ellas han heredado de gobiernos anteriores. Efectivamente, numerosos ayuntamientos en toda España vivieron cambios en los partidos que estaban al frente de los mismos bajo promesas de regeneración política y democrática, ante el enorme daño económico, moral e institucional provocado por una corrupción galopante que de manera capilar se infiltró en instituciones, partidos y territorios, envileciendo la política hasta extremos insospechados. Sin embargo, para muchos de esos ayuntamientos, su mayor desafío se encontraba en los enormes recursos económicos de sus presupuestos municipales comprometidos para afrontar gastos financieros y de amortización de deuda, hasta el punto de poner en peligro la prestación de los servicios públicos esenciales y dificultar el mantenimiento de equipamientos básicos, así como la ejecución de inversiones en los barrios.
No hablamos, por tanto, de un fenómeno sobrevenido ni relacionado exclusivamente con la gigantesca crisis económica que se inició en el año 2008, ni mucho menos. De hecho, según datos del Banco de España, el aumento de los pasivos en circulación del conjunto de las corporaciones locales en toda España se multiplicó por dos en los últimos catorce años, alcanzando un máximo histórico en 2012, al ascender a 41.939 millones de euros. A partir de entonces, la aplicación de medidas restrictivas y la entrada en vigor de la polémica la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la administración local, han contribuido a una paulatina reducción de esta deuda, que en el año 2016 representaba 32.094 millones, con un descenso del 23% en estos cuatro años, lo que da idea del enorme esfuerzo que desde las administraciones locales se está haciendo para reducir sus niveles de endeudamiento a lo largo de los años más duros de la crisis, precisamente cuando más falta hacía disponer de recursos para disminuir sus dañinos efectos.
No podemos olvidar que los ayuntamientos han sido fundamentales para mejorar la calidad de vida en nuestras ciudades, proporcionar servicios básicos y facilitar equipamientos fundamentales, sin que por el contrario hayan podido disponer de más recursos para ello. De hecho, mientras que a mediados de los años ochenta disponían del 10% del total de los presupuestos públicos, hoy en día esa cifra apenas representa el 13%. Esa insuficiencia financiera crónica de las entidades locales se trató de paliar con recursos procedentes de la gigantesca burbuja especulativa relacionada con una construcción desaforada que tantos disgustos nos ha dado, generando un espejismo en las cuentas de muchos ayuntamientos que, al venirse abajo todo el «boom» del ladrillo, puso a muchos de ellos en una situación de colapso financiero, con niveles de endeudamiento históricos que sin duda están hipotecando su futuro.
Por el contrario, durante la pasada campaña, los partidos que concurrieron a las elecciones no abordaron con el suficiente rigor este gravísimo problema, emprendiendo una carrera por hacer promesas imposibles que, como quimeras, pasaban por alto que muchos ayuntamientos tenían sus presupuestos intervenidos por el Ministerio de Hacienda a través del Plan de Pago a Proveedores (FFPP) y el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), existiendo compromisos firmados de reducción en gastos de personal y servicios, junto a subidas de impuestos. Algunas fuerzas se comprometieron a realizar auditorías ciudadanas de deuda, de las que nunca más se volvió a saber, e incluso algunos gobiernos municipales emprendieron auditorías financieras, anunciadas a bombo y platillo, que finalmente han acabado en los cajones.
Ahora bien, a estas alturas existen pocas dudas de que una parte nada despreciable del importante endeudamiento que han ido acumulando las entidades locales no ha sido pertinente desde el punto de vista económico, ni mucho menos eficiente desde criterios sociales y de sostenibilidad, sin que haya servido tampoco para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos o solucionar muchos de los problemas y necesidades existentes en los municipios endeudados. Naturalmente que es necesario solucionar y reducir esta gravosa hipoteca, pero también hubiera sido conveniente conocer las razones que han causado los elevados niveles de endeudamiento a los que se ha llegado en muchos de nuestros ayuntamientos a los que estamos dedicando tantos recursos financieros para su paulatina disminución.
En el Ayuntamiento de Alicante, sin ir más lejos, la deuda viva alcanzó su máximo histórico en el año 2012, al elevarse hasta los 176 millones de euros, si bien desde entonces ha visto reducirse de manera significativa. Así, el actual tripartito se encontró el Ayuntamiento con una deuda que ascendía a 118 millones en 2015, rebajándola hasta los 92 millones en el siguiente año, y proponiéndose volverla a reducir más para 2017, hasta situarla en poco más de 79 millones de euros. Rebajar en poco mas de tres años un 33% la deuda municipal en el Ayuntamiento de Alicante es un éxito innegable que sus responsables, por el contrario, no explican con el suficiente énfasis. Mejor harían en hacerlo, en lugar de dedicar tanto esfuerzo a rifirrafes y desencuentros.
@carlosgomezgil
