Si yo fuera el president Ximo Puig me sentiría ninguneado. Yo como residente en la Comunidad Valenciana creo que eso que dice Rajoy y su vicepresidenta Sáenz de Santamaría de que hay que garantizar la igualdad de todos los españoles, será verdad pero menos, mucho menos. A ver si me explico: Ximo Puig ha estado hace unas semanas con Rajoy para repetirle la cantinela de la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana, una verdad aceptada por todos los expertos -hasta por los dirigentes del PP-, pero a la que el presidente Rajoy no ve el momento de poner solución. En un alarde de generosidad el otro día dijo que pagarían algo de la «deuda histórica», o sea que la administración central se haría cargo de una parte de la deuda acumulada, y el sistema de financiación autonómico hay que tratarlo en la reunión de todas las Comunidades y supeditarlo a la evolución de la situación económica. Hasta aquí comprensible.

El presidente Puig tiene motivos para enfadarse si ha leído las declaraciones del ministro de Economía, Luis de Guindos, en una entrevista concedida al Financial Times: «Catalunya ya tiene un buen grado de autonomía, pero podríamos hablar de una reforma en el sistema de financiación y otros aspectos», vamos que ofrece al gobierno catalán más dinero, mayor autonomía financiera y el estudio de un mejor sistema de financiación ?sin rechazar el pacto fiscal como hizo en 2012- si se abandona la senda de la independencia. Respecto al «no» del Gobierno al pacto fiscal -pretendido por el expresident Artur Mas en 2012-, planteó que no fue tenido en consideración por la situación económica, ya que España estaba «en medio de una crisis y con el foco en evitar un rescate». «Pero ahora la situación ha cambiado, tenemos más espacio fiscal, una recuperación que abre nuevas posibilidades para hablar», dijo. Está claro, si Puig quiere mayor autonomía financiera tendría que reivindicar la independencia; y si no lo hace, Compromís -una coalición que incluye a la UPV (Unitat del Poble Valencià)- lo veo reivindicando la mítica «unitat dels Païssos Catalans», como mínimo, en las próximas elecciones. Luego retiras la reivindicación y De Guindos acepta la reforma, siempre bilateral. El que no llora, ...

Escribí hace unas semanas que ese -la independencia-, no es nuestro problema. Superar la situación exige dialogo multilateral de todas las comunidades y de todos los partidos para llegar a un consenso de reforma constitucional. Pero a Pedro Sánchez le dejan su propuesta de reforma constitucional en una «comisión de estudio» que no se pondrá en marcha hasta después del 1-o. Ciudadanos se niega a incluirla en su propuesta sorpresa de apoyo al Gobierno, que vota con el PP. Y pierde la proposición en el pleno del Congreso. Ahora bien, ambos reciben de nuevo su estimulante: la tensión catalana. Ayudó a que Rajoy ganara las elecciones; los votos perdidos en Cataluña los multiplica en el resto de España, cohesiona a su electorado, y desmonta las iniciativas del PSOE, cuando no le acusa de pactar con los independentistas, como le hicieron a Pedro Sánchez. Luego pactó los presupuestos con el PNV, y otras leyes con el PdeCat -el de Puigdemont-; y ahora, volverá a pactar bilateralmente la financiación «una vez se abandonen los planes de independencia», ha dicho De Guindos. Esta vez, unos y otros, han llevado la tensión catalana muy lejos, a la calle, a las movilizaciones, al interior de las organizaciones e incluso de las familias con el riesgo que eso supone de que se les vaya de las manos.

Ese no es nuestro problema; pero tampoco debemos ser los paganos, también de ésto. El problema social y político de fondo «era y es articular los intereses de la burguesía central con los intereses de la burguesía "periférica", vasca y catalana en el siglo pasado. Hoy esas burguesías, grupos empresariales y financieros, han crecido también en las otras "periferias" y tiene un peso importante» ( Café para todos, pero federal. INFORMACIÓN, 29-VII-2017). Por eso la reforma debe ser federal, no solo para Cataluña.

Cuando hay un objetor de conciencia a hacer la «mili», se aplicaba el código penal; cuando son cientos de miles o millones aplicar la ley, y menos la penal, no resuelve el problema. Hay que cambiar el marco legal: eso es política. Hasta Aznar lo entendió.