El turismo representa el 13'2% del PIB valenciano y genera el 14'4% de los puestos de trabajo de nuestra comunidad según Impactur, por no hablar de toda la riqueza indirecta que genera. Estar en contra de un sector que mueve esas cifras sería tan irresponsable como obviar su lado más incómodo: la industria del turismo se ha levantado sobre un modelo de saturación del territorio, depredación de los recursos públicos y precariedad laboral que hace que, paradójicamente, nuestro motor económico más potente tenga al mismo tiempo consecuencias enormemente negativas para nuestra gente. No se trata, por tanto, de rechazar el turismo, sino de asumir que el modelo de industria debe actualizarse e incorporar nuevos criterios de conciencia social y ecológica que permitan revertir sus efectos. Una parte de la responsabilidad recae sobre los empresarios del sector, que deben reformular objetivos y estrategias; otra sobre la Administración pública, que debe articular una regulación que garantice que el turismo tenga beneficios para todos y no para unos pocos.
Nos encanta que visiten nuestra tierra, no sólo por motivos económicos, sino por una cuestión identitaria y cultural: estamos orgullosos de nuestro patrimonio y queremos compartirlo con el mundo. Aun así, el Partido Popular ha dedicado su agenda mediática estival a generar alarma sobre una supuesta «turismofobia» que apostaría por despreciar a quienes nos visitan. Y ahora que el debate se centra en una tasa sectorial, que permita aumentar la recaudación en un sector con cifras de crecimiento del 20% en 2017 (según la encuesta Egatur), el Partido Popular vuelve a la carga anunciando la llegada de un nuevo apocalipsis. Los datos, por fortuna, hablan por sí mismos: en Catalunya, en Baleares, en Donostia, en Sevilla, y en casi todas las capitales europeas, la aplicación de una tasa turística no ha roto la tendencia creciente del sector. Lo que sí ha provocado es un aumento de los ingresos públicos y de la capacidad de la administración para mejorar servicios y redistribuir la riqueza. No está de más tenerlo en mente para evitar que los sesgos puramente ideológicos quienes están en contra del fortalecimiento de lo público emborrone el debate en un país que vive del turismo pero donde cada vez menos gente puede irse de vacaciones.
Más difícil de comprender es la posición del PSPV, que parece confundido con la aplicación de la tasa. El secretario Autonómico de Turismo, Francesc Colomer asegura estos días que la tasa turística es «antihospitalaria», en una excéntrica asociación de conceptos, que imagina una ciudadanía contraria al pago de impuestos y defraudadora fiscal en potencia; una afirmación que no encaja ni con el proyecto social que debería defender el PSPV, ni con la realidad de las regiones donde se ha aplicado la tasa, varias de ellas gobernadas por el propio PSOE.
Algo más partidario que Colomer parece el conseller de Hacienda Vicent Soler, también del PSPV. Desde su Conselleria llevan meses a vueltas con la tasa y, según publicó INFORMACIÓN, manejan un informe que cifra entre 39 y 48 millones anuales los ingresos por la tasa turística -aunque sin aclarar el modelo de tasa. Dinero suficiente para costear la construcción de 10 escuelas, nada despreciable a tenor de las dificultades que ha demostrado el Consell para erradicar los barracones en educación. Pero lo curioso es que esta cantidad apenas representaría un incremento del 1'7% sobre los 2.924 millones que se recaudan por impuestos ordinarios en un sector que genera 13.423 millones al año. Ni es descabellado, ni apocalíptico, ni «antihospitalario»; como tampoco es suficiente para transformar un modelo productivo que ha convertido la precariedad y la temporalidad en norma para cientos de miles de valencianos. Pero sí puede suponer, junto con un control de los apartamentos ilegales, el principio de una mejora real.
Entre otras cosas porque los últimos meses han sido muchas las movilizaciones vecinales que han apuntado a dichos apartamentos como problema central para el desarrollo de la vida en común en ciudades de la Comunitat (entre lo más grave, el aumento desorbitado del alquiler, un 5% de media en el último año, que dificultan su uso como residencial habitual). Precisamente porque la producción económica del sector turístico está integrada en la vida de nuestra gente, los problemas vinculados al turismo son, también, problemas de modelo de ciudad, y la tasa turística bien podría ser uno de los elementos centrales con los que fiscalizar apartamentos turísticos y con los que contribuir a cubrir las necesidades de nuestros municipios.
La tasa turística no es una medida radical ni arriesgada. Tampoco tiene efectos mágicos; pero al menos es un comienzo para robustecer nuestro estado del bienestar y diseñar otro modelo productivo. De hecho, lo que se mueve en el fondo de este debate es si estamos dispuestos a tomar las riendas para definir un modelo turístico coherente e integrador o si nos vale, como hasta ahora, con el caos desordenado y para beneficio de unos pocos que legó el Partido Popular.
