Hubo un momento en nuestra historia reciente de España, después de una incalificable guerra civil entre españoles con cientos de muertos y una larga dictadura, en la que la pujanza y fuerza de las nuevas generaciones crecidas con mayor instrucción y espíritu tolerante, reclamaban a voces el Estado de Derecho. En Alicante Sindicatos e instituciones como Amigos de la Unesco o la misma Agrupación de Abogados Jóvenes, propalaron a los cuatro vientos la necesidad de recuperar la libertad plena, los valores democráticos en un clima de tolerancia y autorizar los partidos políticos y celebración de elecciones libres.
Unos años más tarde moría Franco y llegaba a la jefatura del Estado el Rey Don Juan Carlos. El trabajo realizado tuvo su fruto. Y los muñidores, de la que fuera transición modélica, el Rey, Fernández Miranda y Adolfo Suárez se encontraron el caldo de cultivo apropiado y favorable para crear una España fuerte y unida. Y, por fin, se celebran las primeras elecciones libres y democráticas. Sólo recordar, una vez más, aquel pacífico, extraordinario e irrepetible encuentro de los elegidos diputados que representaban las dos Españas enfrentadas, Dolores Ibarruri, Carrillo, Marcelino Camacho, Solé Tura, Felipe González, Alfonso Guerra, Fraga Iribarne, López Rodo, Silva Muñoz, decididos a poner fin a las dos Españas para siempre. A ellos nos unimos los nuevos políticos que íbamos a participar en el pacífico tránsito de una dictadura al Estado de Derecho. La Unión de Centro Democrático gana las elecciones. Y se decide redactar una Constitución. No había camino marcado, sólo una enorme ilusión, entusiasmo y responsabilidad de todos los Diputados elegidos, frente a unos folios en blanco que había que llenar. Y se empieza a hacer camino al andar, como cantara Antonio Machado, línea a línea, artículo a artículo. Habían quedado fuera de ese camino los partidos de extremas, derecha e izquierda. Era el reflejo de una España real e ilusionada, de manos tendidas, que iba a plasmar la Constitución que sería llamada de la Concordia para evitar, para siempre, que a ningún españolito que naciera en el futuro pudiera helársele el corazón. Como ejemplo de la fortaleza, aceptación, oportunidad y eficacia de aquella Constitución es el enorme porcentaje de españoles que la ratificaron en el referéndum de 6 de Diciembre de 1978 y el progreso vivido en esos 39 años en España, gobernada, en pacífica y responsable alternancia, por la UCD, PSOE, PP, PSOE y PP.
En estos tiempos, afloran nuevos políticos, nuevos partidos, algunos sobrados de prepotencia y falta de experiencia, que pretenden combatir, no cambiar sino destruir, nuestra Constitución, olvidando la grandeza de su gestación. Desconocen que la Constitución de 19 de marzo de 1812, ya decía que «la historia de la sociedad humana, la prudencia y la sabiduría de los hombres y escritores más profundos ponen fuera de toda duda la necesidad de que el entendimiento humano se rinda a la experiencia». Y a nuestro inolvidable Azorín que escribe que «lo más culto y exquisito de la vida no es la ciencia, sino la experiencia». Y nacidos al amparo del artículo 6 de la Constitución que combaten, olvidan también lo que previene: «Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley».
Y han contribuido al despertar inocuo y olvidado de sueños de independencia, que habían quedado recogidos y aceptados en el Título VIII de la Constitución que «se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles». Y quieren desconocer que fue ratificada por referéndum en Cataluña por más del 90% de los votantes.
Desde las Instituciones del Estado, Gobierno y Parlamento de la Comunidad Autónoma de Cataluña, sin pudor ni temor alguno, van aprobando normas contrarias a ley y actuaciones constitutivas de posibles delitos de desobediencia, prevaricación y malversación, que el Gobierno de la Nación ha tratado de impugnar y perseguir con prudencia y proporcionalidad, llevando las graves infracciones a los Tribunales de Justicia y Constitucional, con el apoyo necesario de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. No se ha creído necesario adoptar medida alguna, de las posibles, para obligarles a que cumplan con sus obligaciones del art. 155 de la Constitución.
Han anunciado un referéndum y aprobado una ley de Transitoriedad, por un Parlamento de Cataluña dividido, instando la separación de España y la instauración de una república, desconociendo que «la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado» y no en un grupúsculo de políticos palmariamente irresponsables. Y lo hacen desde las mismas instituciones del Estado.
Vulneran también el Título XX del Código Penal, «Delitos contra la Constitución», que en su artículo 472 establece que: «Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes»: «4. Declarar la independencia de una parte del territorio nacional». Las leyes injustas suponen violencia.
Y no pueden pretender desconocer que «Las Fuerzas Armadas? tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defendiendo la integridad territorial y el ordenamiento constitucional»(art.8).
No sería justo olvidar que, frente a esos irresponsables políticos, han surgido otros con verdadero amor a España y su Constitución.
Soplan vientos de inquietudes pero que nada podrán contra la Magna obra de insignes parlamentarios que redactaron nuestra Constitución Española y que refrendó el pueblo español aquel 6 de diciembre de 1978. Viva la Constitución.
