A dieciséis días de que finalice el plazo que Europa se dio para dar respuesta a la mal llamada crisis de los refugiados, que alcanzó su máxima intensidad hace dos años y que desembocó en el solemne acuerdo del Consejo Europeo sobre Migración suscrito en septiembre de 2015 por todos los presidentes de países europeos, para acoger la exigua cifra de 160.000 personas en dos años, en régimen de reubicación y reasentamiento, podemos ya hablar de deliberado incumplimiento de este compromiso. Y con ello, un descalabro que ha certificado la indolencia sobre refugiados y migrantes forzosos como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones jurídicas derivadas del derecho internacional en materia de asilo y refugio. Y al Gobierno español le corresponde una parte de ese incumplimiento, en la medida en que de los 17.337 asignados, únicamente ha acogido a un 11% de ellos, 1.887 refugiados en los dos años en los que el acuerdo ha estado en vigor.
Más allá de insistir en el significado de este grave fracaso político que contribuye a debilitar la credibilidad del proyecto europeo ante sus ciudadanos y ante el mundo en unos momentos particularmente críticos, dañando los principios y valores fundamentales que alimentaron la creación de la Unión Europea y erosionando las obligaciones jurídicas y éticas de Europa en materia de solidaridad y derecho internacional, es importante que tratemos de reflexionar para reforzar nuestra capacidad de respuesta ante tragedias humanitarias como las que seguimos viviendo y sin duda se repetirán.
Sabemos que vamos a estar muy lejos de responder, como Estado, a la mayor crisis humanitaria que se ha vivido en Europa tras la Segunda Guerra Mundial, protagonizada por cientos de miles de personas que han huido de la guerra en Siria, de la muerte y la crueldad que atraviesan numerosos países africanos y de Oriente Medio. Pero a lo largo de estos años, desde numerosas comunidades autónomas y ayuntamientos se han multiplicado las declaraciones en apoyo a los refugiados, culpando al Gobierno central de pasividad e inacción, sin que tampoco hayamos visto que se haya aprovechado este tiempo para reforzar los recursos, las estrategias y dispositivos de acogida y respuesta a situaciones de emergencia humanitaria como las que ha planteado la crisis de los refugiados. Hasta el punto de preguntarnos, ¿qué hubiera pasado si, como se llegó a proponer en algún momento, se hubieran fletado barcos de Transmediterránea para traer por miles a los refugiados hasta nuestras ciudades?
Más allá de recrearnos una y otra vez en la frustración evidente de una inexistente política europea de migración y asilo común, acompañada de una falta de empatía y solidaridad clamorosa por parte de los gobiernos europeos, algo que solo puede generar melancolía, habría que trabajar en propuestas que sirvan para poder afrontar en mejores condiciones situaciones similares que sabemos se producirán de nuevo en el futuro. Diferentes investigadores y ONG han venido trabajando en ello, destacando el catedrático de Filosofía del Derecho y además buen amigo, Javier de Lucas, cuyo último libro, «Mediterráneo: el naufragio de Europa», es de obligada lectura para entender la dimensión política y humanitaria de lo vivido, junto a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que también viene realizando aportaciones críticas de interés. Intentaremos mencionar algunas otras con especial incidencia en el espacio municipal de la Comunitat Valenciana.
Empecemos señalando la necesidad de disponer de infraestructuras adecuadas y alojamientos acreditados capaces de albergar en condiciones de normalidad a familias y grupos de refugiados. Una parte importante de las plazas ofrecidas desde muchos ayuntamientos han sido descartadas porque carecían de las exigencias básicas para ello y, por tanto, es necesario inventariar con rigor estas plazas disponibles con arreglo a las normativas en vigor. Junto al alojamiento, estas personas necesitan además de apoyo técnico y profesional especializado que también exige su correcta identificación y disponibilidad, algo que va más allá de la socorrida figura del voluntariado que para determinadas intervenciones no sirve, por valiosa y generosa que sea su entrega. Posiblemente, Alicante necesita disponer de un CAR (Centro de Acogida a Refugiados) de carácter permanente, dado el crecimiento en la llegada de estas personas en los últimos años. Todos pensamos en ciudades como lugares para acoger a refugiados, mientras que se abre paso la idea de que las poblaciones rurales y pueblos despoblados son espacios magníficos para acoger a familias de refugiados que inviertan los procesos de despoblamiento y refuercen las dinámicas de solidaridad interpersonal. Buenos ejemplos de ello lo tenemos en la acogida que realizaron pueblos de la montaña de Alicante a familias bosnias durante la Guerra de los Balcanes. Pero también es necesario reforzar las redes de solidaridad institucional inventariando organizaciones públicas y privadas con capacidad de ayuda en los municipios, impulsando campañas divulgativas de información, particularmente en el ámbito educativo.
Hay muchas más propuestas, sin duda, porque siempre es mejor pensar en todo lo que podemos hacer que recrearnos en lo que no hemos hecho. Especialmente, claro está, cuando hay vidas en juego.
@carlosgomezgil
