Pocos pueblos habrá que debieran estar mas agradecidos a las Naciones Unidas (ONU) y al derecho internacional que el estado de Israel. Por resolución de la ONU, en noviembre de 1947, se decidió la partición de Palestina- entonces bajo tutela británica- en dos estados, uno árabe y otro judío quedando Jerusalén bajo la administración de las Naciones Unidas. La mayoría de los judios en Palestina aceptaron esa decisión, pero no así los árabes que la rechazaron. La partición en dos estados nunca se ha realizado. Los judios crearon el estado de Israel, aunque nunca se ha consumado el estado confesional, con la ciudadanía reservada a los israelitas judíos como pretendía el movimiento sionista mundial. Hay árabes que tienen plenos derechos ciudadanos en Israel. La resolución de la ONU con los votos en contra de los estados árabes ha supuesto que en éstos setenta años nunca se creara un estado Palestino, además de media docena de guerras entre Israel y todos sus vecinos árabes.

Se acepta internacionalmente de manera unánime que Israel dispone de armas nucleares, saltándose los Tratados de No Proliferación, que nunca ha firmado. Al igual que Corea del Norte, India, Pakistán. Es lo que pretendía Irán. Israel ha contado desde su creación con el respaldo político, militar, y financiero de los Estados Unidos. Los presidentes demócratas Carter, Clinton y Obama presionaron- sin retirar, en ningún momento, su apoyo - a los distintos gobiernos israelitas para conseguir los acuerdos de Madrid y Oslo o marcar la hoja de ruta del Cuarteto, en los que se ratifica la solución de los dos estados y el principio de paz por territorios. Y presionaron para que los estados árabes reconocieran, en ese proceso, al Estado de Israel.

Antonio Guterres, el secretario general de la ONU ha vivido esta semana durante su visita a Israel y Cisjordania el desafío descarado del gobierno ultraortodoxo israelí. El Ministro de Defensa israelí, Avigdor Liberman ha aprobado nuevos asentamientos de colonos judios en los territorios ocupados a pesar de que Guterres le ha recordado, que son «un obstáculo para la paz» e «ilegales» para el derecho internacional, según reiteradas resoluciones de la ONU. La resolución 2334, la última del Consejo de Seguridad el pasado diciembre- que EE UU con Obama no vetó-, recordaba a Israel como «potencia ocupante» desde hace cincuenta años, que cumpla las obligaciones jurídicas internacionales derivadas de los Convenios de Ginebra sobre Protección de Civiles en Tiempos de Guerra.

El pasado día 18 de agosto el Consejo Económico y Social aprobó un estremecedor informe sobre las «Consecuencias económicas y sociales de la ocupación israelí para las condiciones de vida del pueblo palestino en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y de la población árabe en el Golán sirio ocupado» (E/RES/2017/30). Citando las resoluciones de los distintos organismos internacionales en las que recuerda a Israel sus obligaciones en los territorios ocupados y de cumplir los acuerdos firmados. Expresa su alarma «por el altísimo nivel de desempleo en la Franja de Gaza en particular, que sigue superando el 40% en la población general y es del 60% en el caso de los jóvenes, y que se ve agravado por los cierres prolongados y las rigurosas restricciones económicas y de circulación impuestos por Israel». Es muy difícil mejorar la situación económica sin una serie de requisitos que reclaman en una veintena de propuestas: que se abran las fronteras de Gaza; que se permita la libre circulación la «continuidad y unidad» entre y por los territorios palestinos ocupados; que Israel cumpla el «protocolo sobre relaciones económicas entre Israel y la Organización de Liberación de Palestina»; que ponga fin a la destrucción de viviendas y bienes de los palestinos; «reafirma el derecho inalienable del pueblo palestino y de la población árabe del Golán sirio ocupado a todos sus recursos naturales y económicos, y exhorta a Israel, la Potencia ocupante, a que no explote ni ponga en peligro dichos recursos, ni cause su pérdida o agotamiento»; y que cese en la explotación de los recursos hídricos y mineros; que cesen los asentamientos; la construcción del muro ilegal; que se exijan responsabilidades por los actos ilegales cometidos por colonos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado.

En definitiva, que Israel respete las resoluciones del Consejo de Seguridad, los acuerdos firmados, y el derecho internacional. La ley del Talión, o la del Embudo, no llevan a una paz estable ni a la mejora económica.