Acostumbrados a vivir al límite y a gestionar el hecho consumado, los rectores del Hércules -léase Enrique Ortiz y su socio y presidente Juan Carlos Ramírez- tampoco parecen tener interés en concurrir a la segunda puja por el 88% de las acciones del club que el IVF subasta por 508.000 euros con un 15% de descuento sobre el precio de salida inicial. Tras quedar desierta la primera convocatoria, Ramírez ha sacado su artillería verbal para calificar de «salvajada» esa cantidad por considerar que el «valor real del club es cero» por mor de la multimillonaria deuda que arrastra (4,2 millones con Hacienda y 15,4 millones del convenio ordinario, a los que se une la reclamación de devolución de 6,9 millones por parte de la UE). Da la impresión de que el presidente quiere prepararse el terreno para el nuevo escenario que puede abrirse a partir del día 20 si, de nuevo, nadie está interesado en la compra del club. El tándem Ramírez-Ortiz había pactado el pago de unos 300.000 euros por el paquete accionarial y quedaron muy contrariados cuando el IVF encargó una auditoría externa que duplicó esa cifra en el precio de salida. Juegan con ventaja y con las cartas marcadas presidente y empresario cuando dan por hecho que sólo ellos están dispuestos a pagar por las acciones. Y lo hacen porque el grueso de los títulos que se subastan (el 72% de una amplia mayoría absoluta) corresponden al crédito contra la Fundación Hércules que está en poder del banco del Consell. Ahí está el «truco». Como el ente fantasmal que es la Fundación la controla Ortiz, si ellos adquieren el crédito se quedan con la mayoría accionarial, pero si lo comprara un tercero, se vería obligado a ejecutarlo y el empresario y sus acólitos plantearían toda suerte de pleitos en el juzgado para bloquear la operación. Lo que viene siendo quedarse con el santo y con la peana en plan perro del hortelano: las acciones son para mí o para nadie. Este derecho de veto y bloqueo es el que refuerza la confianza de Ortiz y Ramírez en que ningún inversor extranjero acudirá a la subasta que se cierra el día 19 y que el banco del Consell estará condenado a negociar con ellos un precio a la baja de las acciones. Pero el IVF persiste en su línea garantista y, tras el desbarajuste ocurrido con el Elche CF, no ejecutará el embargo si no hay comprador y nunca irá a una venta directa. Y aún hay más interrogantes: ¿puede haber alguien más interesado en arriesgar 4,5 millones para intentar subir al Dorado del fútbol profesional? ¿Qué pensará Hacienda de la negativa a pujar de Ramírez tras condicionar el pago de la deuda a la toma de control accionarial? Atentos.
