01 de septiembre de 2017
01.09.2017
Impresiones

El imperio de la ley

01.09.2017 | 05:23

La lamentable cadena de acontecimientos que se han sucedido alrededor de Juana Rivas ha terminado como tendría que haber ocurrido desde el primer momento, es decir, con la aplicación de la legislación italiana competente para enjuiciar el proceso de divorcio de Rivas con su marido italiano así como para la aprobación del convenio regulador de la custodia de los hijos de esta mediática pareja. Cuando Juana Rivas se fue de Italia en compañía de sus dos hijos -sin consetimiento del padre de los menores- conocía perfectamente que estaba contraviniendo las resoluciones de los jueces italianos además de saltándose la ley aplicable a su caso personal.


Desde el mismo momento en que uno de los dos cónyuges decide tomarse la justicia por su mano, pierde toda credibilidad a la hora de demostrar su capacidad y responsabilidad en el cuidado de los hijos ya que crea un muy mal precedente de negación de la aplicación de la ley cuando no le satisface el veredicto. Puede Juana Rivas considerarse afortunada ya que todos los estamentos que han participado -menos las personas que la han asesorado de manera interesada- en la sustracción de menores que cometió han actuado de manera comedida con el fin de evitar un mal mayor. Así, el abogado de Francesco Acurri, exmarido de Rivas, no solicitó a la juez competente que dictase orden y busca y captura hasta que la situación se hizo insostenible por las reiteradas no comparecencias de Rivas ante el juzgado, circunstancia que debería haber supuesto su inmediata búsqueda desde su primera ausencia. Por otra parte, el exmarido en todo momento se ha ofrecido a pactar una custodia compartida o en su defecto someterse a lo que mejor dictase la justicia italiana con arreglo a Derecho y buscando siempre el bienestar de los niños, aparentando con ello, como mínimo, una buena disposición al diálogo y al acuerdo sobre la guardia y custodia de los menores.


En tercer lugar, la búsqueda policial, si bien se puso en práctica sólo cuando lo ordenó la juez competente, fue llevada a cabo con discreción y sin resultar invasiva en la vida de los menores. La policía local de la localidad donde estaba escondida Juana Rivas conocía dónde estaban los niños y su situación personal, pero la jueza decidió evitar, en beneficio de los niños, la imagen de la policía llevándoselos en un coche patrulla entre los más que probables gritos y llantos de la madre. Y en un cuarto lugar hay que alabar la actuación de la jueza que ha actuado con prudencia y buenhacer al permitir y tolerar en beneficio de los niños -vuelvo a repetir- que Juana Rivas no acudiese a las citaciones judiciales no dictando la prisión provisional pedida por la fiscalía, evitando con ello un espectáculo mediático que sin duda habría sido aprovechado por las personas que han inducido y aconsejado a Rivas a huir con sus hijos de las medidas adoptadas por las leyes italianas.


Especial referencia merecen las personas que han dirigido y asesorado a Juana Rivas en el proceso de huida de Italia con sus hijos y posterior ocultación cuando la justicia española se los reclamó en aplicación del Convenio de la Haya y, por tanto, en aplicación de la ley italiana competente para este caso. De esperpento podemos calificar el hecho de que una desconocida abogada de Rivas que no ha querido dar la cara, persona distinta de la que ha sido su portavoz y asesora, presentara recurso de inconstitucionalidad no se sabe bien para qué. ¿Para que no se aplicara el Convenio de la Haya? ¿Para que la jueza española dictara un nuevo convenio regulador de la custodia de los niños saltándose la legislación italiana? Mucho nos tememos que una cosa son las películas de juicios norteamericanas donde siempre llega un testigo sorpresa en el último minuto que hace que un juez dicte sentencia a viva voz mientras golpea un mazo de madera contra la mesa entre los aplausos del público asistente y otra cosa muy distinta es la realidad de la justicia española en la que el principio de legalidad actúa como elemento rector.


No vamos a hacer demagogia sobre qué hubiera pasado si hubiese sido el padre de los niños el que se hubiese huido a Italia con ellos y después de un año negándose a que la madre española los pudiese ver y estar con ellos los hubiese escondido durante más de un mes no se sabe dónde ni en qué condiciones a pesar de las reiteradas citaciones judiciales para que los devolviese a la madre y al país donde vivían. El exmarido de Juana Rivas fue condenado a 3 meses de multa por una discusión en la que agarró a su exmujer de la muñeca (hecho condenable en cualquier caso) en el año 2009, algo que no impidió que Juana Rivas volviese a reanudar la relación tiempo después y tuviesen otro hijo. Sacar a relucir una condena a multa de hace 8 años como disculpa para huir con sus hijos más bien parece una forma de solucionar rencillas entre los cónyuges que velar por el bien de los niños.

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