Está resultando alarmante el incremento de noticias acerca de la desaparición de mujeres en los últimos tiempos. Pero la historia de este tipo de casos nos aporta multitud de desapariciones de mujeres de las que una gran mayoría han tenido resultados negativos, al estar relacionados, bien con redes de tratas de blancas o delitos contra la libertad sexual que acaban con la vida de la víctima para evitar su posterior identificación. Porque, no nos engañemos, no existen casos de desapariciones de hombres, sino de mujeres y su relación con delitos de carácter sexual que, además, tienen una reducida sanción en nuestro código penal, porque si hay algún delito especialmente grave en el Código Penal es el de la violación, pero su sanción es solo de 6 años de prisión. Cierto es que si este delito lleva consigo la muerte de la mujer está castigado con la pena de prisión permanente revisable. Pero para una vez que se sanciona de forma proporcionada un delito tan execrable como violar a una mujer y matarla resulta que se está cuestionando por algunos sectores su inclusión en el texto penal proponiendo, incluso, su desaparición para los escasos supuestos en los que se aplica, que son los de violar y matar, los de asesinar a un menor de 16 años o persona que sufra discapacidad, y los cometidos por ocasión de acto terrorista, o por medio de una organización criminal. Indudablemente, todos absolutamente proporcionales al daño cometido y la maldad utilizada en su ejecución.
Pues bien, muchas desapariciones de mujeres están conectadas con este tipo de sucesos que resultan difíciles de ser calificados por alguno de los adjetivos de que disponemos en nuestro diccionario. Y, además, las desapariciones de mujeres están directamente relacionados con ataques a la mujer por el hecho de ser mujer, y el Estado de Derecho debe poner a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad los medios necesarios para agotar las investigaciones al máximo y luego herramientas legales que sancionen proporcionalmente estos hechos al terrible daño causado, porque nos enfadamos mucho cuando ocurren estos hechos, pero luego se nos olvidan y no adoptamos medidas para evitar que se repitan.
Además, con relación al tema que tratamos en estas líneas la estadística nos ha demostrado la importancia de las investigaciones que se llevan a cabo en los primeros momentos. Porque en estos casos nos ayudan, también, las nuevas tecnologías al poder utilizar los localizadores de teléfonos móviles en los últimos movimientos de la víctima, o las cámaras de grabación que existen en muchas calles y establecimientos comerciales.
Sobre este último punto hay que destacar la necesidad de abrir la puerta a la instalación de cámaras de grabación como ocurre en el Reino Unido, sin que ello vaya contra el derecho a la intimidad de los ciudadanos, ya que es un sistema que permite mejorar las labores de investigación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para poder averiguar lo que ha ocurrido con mayor rapidez. Pese a ello, también hay quien cuestiona estas instalaciones de equipos de grabación, pero hay que señalar que por encima del derecho a la libertad o a la imagen, que es lo que se alega, está el derecho a la seguridad que tenemos todos los ciudadanos de vivir en un país con tranquilidad y sin que sintamos el miedo en el cuerpo de que alguien vaya a atacar a las mujeres y niñas para cometer delitos contra la libertad sexual y acabar con sus vidas, que es el fin de los asesinos desaprensivos que cometen este tipo de hechos y crean el pánico en las poblaciones. Y además, con elevado índice de reincidencia para los que ya cumplieron pena por hechos idénticos.
Por otro lado, hay que destacar que pese al gran trabajo que realizan las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, en muchos de estos casos no se encuentran los cuerpos, como todavía tenemos pendientes de localizar los de muchas mujeres que han desaparecido, sin que a fecha de hoy sepamos qué ha ocurrido con ellas y quienes fueron los autores del crimen. Por ello, hay que aprobar todos los mecanismos que permitan introducir sistemas que ayuden a la investigación, como permitir la instalación de cámaras de grabación en las ciudades y carreteras sin las cautelas y miedos que parecen rodearnos por tratar de proteger otros derechos que siempre están por debajo del derecho a la vida y el derecho a la libertad de hombres y mujeres. Porque la imagen, la libertad de circulación, u otros, no pueden equipararse al sagrado derecho de vivir en paz en un país. Y por encima de este derecho no hay ninguno otro que en la comparación se pueda utilizar para que se dificulte la labor de investigación de la policía en la localización de tantas mujeres que han desaparecido en nuestro país.
