Se presupone que la ostentación de un cargo conlleva la responsabilidad inherente de dimitir si no se cumplen las funciones o se comete alguna falta que sea considerada inapropiada para el puesto que se ocupa. Algo tan simple se puede llegar a endemoniar de tal forma que entender este supuesto y cumplirlo implique un análisis profundo del ser y el estar filosófico de cualquier persona. En este nuestro país somos verdaderos artistas de los malabares sociales, capaces de distorsionar hasta lo inimaginable una situación evidente. La cadena causa-efecto deja de funcionar cuando se trata de una dimisión.
Tenemos testimonios más que suficientes en Europa de personas públicas que han abandonado su cargo por cuestiones ajenas al mismo, pero que desprestigian su función, como plagiar tesis doctorales ?el caso del ministro de defensa alemán, Karl Guttenberg-, amenazar a periodistas ?el ministro de cultura portugués, Joao Soares- o ser denunciado por una infracción de tráfico ?la ministra de educación sueca, Aida Hadzialic- entre otros muchos.
En el panorama nacional, las dimisiones son muy complicadas. En los últimos cincuenta años en España hemos podido asistir a la renuncia de veintiocho ministros que pueden parecer muchos, pero si analizamos someramente los motivos observamos que la gran mayoría de ellos lo hicieron para poder acceder a otros puestos. Lo sorprendente es que los casos de personajes públicos que según la voz popular tendrían que haber dimitido por cuestiones obvias de comportamientos punitivos no se han producido prácticamente nunca. Contamos con cargos públicos que han sido multados por exceso de alcohol al volante, plagios de tesis doctorales, amenazas a periodistas y otras lindezas que quedan en la impunidad. Posiblemente lo más lacerante lo encontramos en los más de mil trescientos políticos españoles que se encuentra imputados en casos de corrupción y que siguen ostentando sus cargos sin pena ni gloria, con la excepción de algunos de ellos que han podido ser juzgados y encarcelados.
Dimitir en España es complejo, siendo preferible para los potenciales dimisionarios seguir en el puesto aguantando los chaparrones, que poner su cargo encima de la mesa y afrontar las consecuencias. Quizás por eso cuando alguien dimite sin necesidad de ser acorralado, ni hostigado para ello, nos deje algo perplejos y sin saber qué pensar. El caso más reciente es el vicario de Ceuta, Juan José Mateos, que se ha visto en la obligación de dimitir por permitir una ofrenda floral de la comunidad hindú a la patrona de Ceuta. Visto en perspectiva creo que no es para tanto, pero sabemos que este país para algunas cosas es profundamente quisquilloso, por no decir estúpido.
