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José María Asencio

Juana Rivas, ley y tribunales

Auguro un mal futuro para Juana Rivas

No hay asunto o materia excluidos del conocimiento de los tribunales, siendo sus sentencias firmes, que alcanzan la eficacia de la cosa juzgada, plenamente ejecutables. Nadie puede oponerse o eludir el cumplimiento de las resoluciones judiciales firmes, ni ninguna organización goza de legitimidad para considerarse por encima de la Constitución y la ley. Estas son las bases mínimas del Estado de Derecho que, en el caso de Juana Rivas, parecen ponerse en duda, desacreditando al Poder Judicial y haciendo aparecer por encima de este una suerte de instancia superior, discrecional e indeterminada, que se considera apta para establecer cuándo y de qué modo se ejecutan o no las sentencias firmes.

Juana Rivas es hoy una persona en búsqueda y captura por incumplir una sentencia judicial firme, dictada en diciembre y ratificada por la Audiencia Provincial de Granada en abril; conforme a ella, debía entregar a sus hijos al padre. Estos tribunales conocían una anterior sentencia condenatoria a su marido por violencia de género y habían entendido que en el caso no bastaba la misma para negar al padre sus derechos inherentes a la patria potestad. Juana Rivas interpuso otra denuncia el año pasado en España, aunque los hechos sucedieron en Italia, denuncia ésta que se encuentra en tramitación, siendo, pues, esa denuncia legalmente solo eso, una denuncia, por lo que no puede producir efecto alguno y menos el de evitar el cumplimiento de una sentencia firme. Una denuncia, aunque verse sobre violencia de género, no goza de presunción de veracidad y debe ser probada, máxime cuando, como en este caso, se presenta con posterioridad a los hechos, en país distinto y después de sustraer presuntamente los hijos a su padre.

Todo esto es elemental para cualquier jurista. Y Juana Rivas, conforme a la realidad procesal, ha podido incurrir en un supuesto de sustracción de menores, pues ninguna legitimidad posee, más allá de su creencia de que las cosas han de ser como ella entiende, para negar al padre sus derechos cuando estos no han sido privados por los tribunales, antes al contrario, reconocidos.

La privación del régimen de visitas o de la patria potestad a los agresores por violencia de género no es automática como parecen afirmar, sin base alguna y creando confusión, quienes apoyan la postura de Juana Rivas. Son los tribunales los que deciden en cada caso si en atención a la gravedad de los hechos y a los efectos en los menores, la condena debe conllevar accesoriamente la supresión del derecho de visitas. Y los tribunales españoles no han apreciado en el caso un grave riesgo que ob ligara a no entregar los niños a su padre una vez la madre los sustrajo de Italia. Son ellos los que valoran ese riesgo, no la víctima de violencia desobedeciendo o quienes se manifiestan en su favor.

Que determinadas corporaciones municipales, asociaciones e institutos públicos se manifiesten ante la sede de los tribunales criticando sus resoluciones y exigiendo que éstas se dicten conforme a criterios de otra naturaleza que la jurídica, constituye un acto de presión intolerable sobre el Poder Judicial que, conforme a la Constitución, solo está sometido a la ley. La independencia judicial, esencial en el sistema democrático, no puede verse atacada con presiones de esta naturaleza y menos provenientes de organismos oficiales o de asociaciones que reciben subvenciones públicas.

Exigir que en violencia de género los tribunales hayan de renunciar a su potestad para pasar ésta a ser ocupada por cada afectada o por quienes asumen la defensa de una reivindicación justa, pero sometida a la ley y a los tribunales como todas, no a las víctimas, ni a las asociaciones o corporaciones con competencias en la materia es no solo grave, sino preocupante.

A día de hoy auguro un mal futuro para Juana Rivas. Ha sido mal aconsejada por quienes lo hayan hecho. Los tribunales no pueden ceder, no deben hacerlo, a presiones mediáticas o de otro tipo, máxime en un caso que, de no tomarse con la seriedad que exige el comportamiento de la afectada, podría servir de ejemplo a imitar en el futuro. No caben retos al Poder Judicial, ni posicionamientos que consideren que se está por encima de la ley y de los procedimientos aplicables. Ni en esta materia, ni en ninguna otra.

El tiempo dirá si Juana Rivas tiene razón y en su caso se le dará. Pero, mientras tanto ha de cumplir exactamente lo decidido firmemente por los tribunales y aceptar las consecuencias, también penales, en las que haya podido incurrir.

Demasiados retos a la Justicia y excesivas conductas de desobediencia hay ya en España o llamadas a ella como para aceptar una más. Cuando se pierde el respeto a las bases del Estado de Derecho y cada cual considera que «su» justicia es la justicia suprema, se entra en una espiral peligrosa que debe ser frenada de inmediato y deslegitimar a quienes apelan a la ilegalidad, incluso negando subvenciones públicas a quien así lo haga. La ley también tiene normas al respecto que no conviene olvidar.

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