La última semana del pasado mes de julio se aprobó en el pleno del Ayuntamiento de Alicante la modificación del artículo 95 del Plan General que posibilitará la implantación de nuevos formatos de comercio en el centro de Alicante, excepto hipermercados. En palabras del portavoz del Grupo Popular en ese Ayuntamiento, Luis Barcala, tal circunstancia equivale al «cierre efectivo de la entrada de Ikea en la ciudad, así como de proyectos similares».

De tal suerte que la oportunidad se abre ahora para otros municipios de nuestro entorno cercano, como son Elche, El Campello, Benidorm, Elda o Sant Joan d'Alacant. Por consiguiente, todas las opciones están abiertas.

En Sant Joan, gracias al acierto del Partido Popular, y siendo alcalde Manuel Aracil, el 23 de mayo de 2013 se logró aprobar el PGOU en solitario y con el voto en contra de PSOE, Compromís y EUPV. Esto significa que se dio luz verde a la puesta en marcha de los proyectos urbanísticos para el desarrollo del Parque Empresarial «Fabraquer Nord», que cuenta con una superficie aproximada de 500.000 m2, distribuidos en dos zonas diferenciadas, terciaria e industrial, y con una singular localización. Llegado el caso, este es precisamente el enclave donde la construcción del proyecto se concretaría, al cumplir de sobra con lo exigido.

Con tales antecedentes, el pasado 1 de agosto el Grupo Popular de Sant Joan d'Alacant presentó ante el registro del Ayuntamiento una moción sobre la cuestión, para ser tratada en el próximo pleno. En ella se proponía la creación de una comisión específica como órgano en el que estén representados todos los grupos políticos municipales, para lograr encontrar una estrategia conjunta para la implantación de Ikea en nuestra localidad. ¿Quién con más autoridad que el Grupo Popular para proponer esta medida?

Para sorpresa de cualquiera con dos dedos de sesera, el día 8 del corriente la prensa local pública que Jaime Albero -actual alcalde- descarta ofrecer terrenos a Ikea al carecer Sant Joan de suelo municipal. El que la izquierda no crea en la empresa privada «está bien» para las tertulias y el postureo habitual, pero pensar que la implantación de Ikea en nuestro municipio equivaldría a una inversión de más de 250 millones de euros, además de los más de dos mil empleos directos, deja bien a las claras cuál debería ser la orientación de todos los implicados.

Esperemos que el alcalde de Sant Joan recapacite y que vea más allá de banderas, fumaderos de cannabis y pintadas en los pasos de peatones, y que por fin entienda que el más amplio consenso de todas las fuerzas políticas no sólo es necesario, sino que se trata de una obligación. No es tiempo de rencores, ni por su parte ni por la de otros miembros del cuatripartito. Una unidad de acción posibilitaría, con las todas las reservas que se deseen, y con los pies en el suelo, que a nuestro municipio pudiera llegar un mayor bienestar y más empleo. Nuestras potencialidades están ahí: el señalado parque empresarial y su extraordinaria localización, que hace que exista una población latente de un millón de personas a una hora por vía terrestre circulando a través de las cercanísimas autopista y autovía.

No se debe caer en errores del pasado que hundan proyectos de presente y futuro para nuestros vecinos, y se vean de nuevo abocados al olvido. No existe riesgo más grande que no tomar ninguno, hay que moverse rápido, para que la oportunidad que se presenta encuentre el deseado éxito. Desde el Partido Popular de Sant Joan sin duda preferimos apostar por el optimismo, el empleo y un futuro esperanzador antes que por el reproche y la negación. Nuestros vecinos seguro que sabrán agradecerlo.

Como dijo Stephen Covey, «no somos producto de nuestras circunstancias, sino de nuestras decisiones». De todos y, en especial, de Jaime Albero depende.