La Jaud: cuando la dificultad se debe a errores técnicos y a la obstinación en mantenerlos

Después de que el TSJCV decretase la demolición de las viviendas, no fue hasta el año 2013 cuando se consiguió un respiro que hacía presagiar la inmediata resolución del conflicto, al tramitarse una Modificación del Plan General por la que la competencia para aprobar la ordenación definitiva del sector pasaba de Consellería a los órganos municipales. Pero, curiosamente, cuando más fácil era una solución a través del dialogo y el respeto a la legalidad, surgió un nuevo «error», esta vez de los técnicos que fijaron los criterios de la ordenación del Plan de Reforma Interior (PRI), al no tenerse en cuenta la realidad existente, al no incluir en el documento expuesto al público en 2014 la legalización de todas las viviendas con licencias anuladas, a pesar del dictamen favorable de la Generalitat, y al no considerar la alta consolidación de edificaciones en el sector.

Ello provocó el rechazo de los demás propietarios a los que no se reconoció el tratamiento legal y obligatorio que correspondía a sus viviendas como actuaciones aisladas. Por otra parte, la postura de los representantes de los propietarios afectados por la orden de demolición se ha basado siempre en dos peticiones muy claras: la legalización de todas las viviendas y la resolución del conflicto judicial sin repercusión económica, ya que compraron sus viviendas con gastos de urbanización incluidos. Pero ninguna de estas circunstancias se resolvió con la ordenación ideada por los técnicos en 2014, ya que impedía la legalización de más de 15 viviendas, tampoco se podía resolver el proceso judicial al no respetarse derechos indiscutibles y básicos de los propietarios demandantes y recogía una urbanización desmesurada e inviable con nuevas cargas económicas.

A pesar de estas realidades contrastadas, los técnicos informaron en contra de las alegaciones que proponían las rectificaciones legales de más entidad en la ordenación. Si bien, con algunos cambios puntuales, se sometió el PRI a nueva información pública en 2015 con una importante novedad por decisión técnica: a las parcelas donde se construyeron las viviendas con orden de demolición se les aumentó la edificabilidad a 0,9 m2t/m2, cuando en realidad tienen 0,5 m2t/m2 aprox. Esto produjo dos claras e inviables consecuencias: que nunca se podría consumir esa edificabilidad en las parcelas ya edificadas y que a sus propietarios se les castigaba a pagar casi el doble de las cargas correspondientes a lo realmente edificado.

Obviamente, el enfado social fue generalizado, tanto de los demandantes, como de los titulares de las viviendas afectadas y del resto de propietarios del sector. Paralelamente, surgió de nuevo la esperanza cuando, hace ya dos años, la concejala de Urbanismo convocó un foro con intervención de todas las partes afectadas, donde se fraguó una clara voluntad de diálogo, aun a pesar de que la participación pública nunca contó con el favor de dichos técnicos, que dilataron la búsqueda soluciones.

Ya en 2016, una propuesta de cambios en el PRI, planteada por los representantes y técnicos de casi la totalidad de propietarios del sector, fue el desencadenante de una solución absolutamente legal y adaptada a la realidad, con la que se podía resolver la ordenación del sector y hasta contó con la aceptación de la nueva dirección técnica y no se manifestó ningún rechazo político.

Pero, a pesar del tiempo y energía empleada por los afectados para intentar resolver el grave problema judicial del Ayuntamiento, hace dos meses llegó el último jarro de agua fría cuando se comunicó a los representantes que la principal propuesta que se mantenía en el expediente era que se aprobara definitivamente por el Pleno la versión del PRI de 2015. La situación resultaba inaudita y otra vez se atascaba con una ordenación para La Jaud que podrá ser divina y en colores para sus creadores, pero que contenía gravísimos defectos, al ser totalmente inservible para la resolución del conflicto por irreal, ilegal, inviable, insostenible, insolidaria y ser contraria a la participación y los derechos de los afectados.

Con semejante bagaje, era hora de que el Ayuntamiento adoptase decisiones y clarificara que el interés municipal y la legalidad están por encima de ese pertinaz e infundado criterio técnico. Habrá que confiar en el coraje y decisión demostrada por la concejala de Urbanismo para resolver esta situación, con la clara postura de apoyo de 5 grupos municipales y la no contraria de 2 grupos para que, con la indiscutible voluntad de diálogo de los propietarios, se pueda ya, de una vez por todas, resolver los flecos que queden y enviar esa versión del PRI de 2015 al lugar que le corresponde: la papelera de reciclaje. El daño ya está hecho: se han perdido tres años más y todos los propietarios están cada vez más hartos. Y, como casi siempre, sin ninguna esperanza de que los causantes del retraso al menos pidan disculpas.