Sendas subcomisiones han estado trabajando en los últimos meses en el Congreso y Senado para sellar un documento en el que se recogen nada menos que 200 medidas para luchar contra ese terrorismo de género que se sigue produciendo en muchos hogares. Calificativo que ya expuse en su razón y de ser y explicación en el Congreso de Violencia de Género que cada año organiza con total acierto la Diputación Provincial de Alicante. Porque no puede llamarse de otra manera a la situación que se produce cuando se delinque en el hogar, cuando se asesina a tu propia pareja, y cuando dejas a tus propios hijos sin madre, o les obligas a presenciar escenas en las que no acaban de comprender cómo su propio padre le pega a su madre, le humilla y les hace a ellos sentirse víctimas de esa misma violencia.

En esas subcomisiones hemos comparecido muchos profesionales que hemos ofrecido nuestra opinión sobre las medidas que estamos detectando en nuestro trabajo diario, y que sería necesario adoptar con urgencia para complementar el esfuerzo que se está haciendo desde hace años por muchos profesionales que trabajan cada día atendiendo a mujeres, y que precisan de una ayuda del sistema para poder darles a las víctimas una esperanza para que confíen en el sistema. Porque a las víctimas no podemos exigirles que aguanten o luchen si ellas ven que el sistema les falla ante el maltrato. Por un lado el físico, porque no saben quién o cómo les apoyará, o el también grave del psicológico y la humillación que muchas víctimas sufren sin saber que lo son, lo que agrava el problema.

Entre las 200 medidas que se han incluido en un primer documento que en breve verá la luz del Congreso de los Diputados para ser tramitado como Ley están varias que hemos propuesto muchas veces desde la Audiencia Provincial de Alicante y, también, la presidenta del Observatorio del CGPJ, Ángeles Carmona, desde donde se ha venido realizando un trabajo serio desde el año 2002. Y entre ellas la supresión de las atenuantes de confesión y de reparación del daño para casos de violencia de género para evitar rebajas de pena por reconocer el asesino los hechos después de cometer un crimen, (32 ya en lo que va de año), o reparar el daño para obtener beneficios penales, recordando ahora un caso de un juicio de jurado que tuve en Alicante en el que por aplicar dos atenuantes se llegó a una conformidad de 6 años en un homicidio de género, sin llegarse a celebrar el juicio y ante la sorpresa de los miembros del jurado.

También se han incluido medidas de relevancia como la de combatir la violencia de género desde la escuela con asignaturas de tolerancia «0» ante todo tipo de violencia, y de transmitir los valores de igualdad, educación y respeto desde bien jóvenes, porque no podemos centrar nuestros objetivos solo en medidas penales y sancionadoras, olvidando que es desde la prevención cuando seremos más eficaces. Y es que la violencia de muchos tipos la vemos también entre los jóvenes, quizás reproduciendo lo que ven en los mayores o, también, siguiendo la línea de violencia y faltas de respeto que se vive en la sociedad.

Se ha incluido también entre las medidas a adoptar la plasmación de la violencia por el uso de las redes sociales, creando tipos penales cuando se utilicen estos instrumentos para causar daño en las víctimas, tal y como propusimos desde el Observatorio de Violencia del CGPJ. Porque no olvidemos que se puede crear un arco de impunidad si no ajustamos el texto penal a los tiempos y castigamos, y con dureza, que se utilicen redes sociales para injuriar, menospreciar, alterar la identidad de otros para perjudicarles, subir imágenes o vídeos que atenten contra las víctimas y cualquier ideación delictiva que pase por la extraña mente de quien vive para hacer daño y solo piensa en cómo hacer que su pareja lo pase mal y viva en un estado de ansiedad y temor. Por ello, la pena de la prohibición del uso de las redes sociales durante largo tiempo es necesaria para evitar que estos desaprensivos sigan navegando por internet haciendo daño. Pero para ello es fundamental la colaboración de los prestadores de servicios en internet, porque con independencia de que se legisle con un régimen sancionador deberían ser estos los primeros que cortaran esos mensajes que se ven en las redes, bloqueando el servicio de acceso a quienes atenten contra el honor, la imagen o la intimidad de los demás, haciendo vivir en un clima de terror a quienes sufren los ataques con la «eficacia» del efecto expansivo de internet. Decir por último que no hay espacio para explicar todas las medidas, pero sí dejar sentado que hay con este pacto una esperanza para la ilusión en que las víctimas se levanten de otra manera cada día y sientan que la sociedad y el sistema no quieren dejarles solas. Pero, no lo olvidemos, como en muchas ocasiones, lo están y se han sentido solas.