22 de julio de 2017
22.07.2017

La apuesta por el choque duro

23.07.2017 | 04:29

Hace una semana me preguntaba en esta crónica si el gobierno Puigdemont implosionaría, por sus divisiones internas, antes del anunciado referéndum. Ya sabemos la respuesta. Ha habido una crisis que Puigdemont ha resuelto sacando del gobierno a los moderados del PDeCAT, la antigua CDC. Y como consecuencia estamos ante un gobierno más radicalizado en el que el peso de Oriol Junqueras, líder de ERC, es mayor, y que ha puesto rumbo a un choque duro con el Estado por el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre.

Vamos a la crisis. Un grupo de cuatro consellers – Neus Munté (Presidencia y portavoz), Jordi Jané (Interior), Jordi Baiget (Empresa) y Meritxell Ruiz (Educación), más el secretario del gobierno ( Joan Vidal de Ciurana)– ponía reparos –diversos y con distinta intensidad– al choque frontal con Madrid. Y lógicamente la tensión subió al anunciarse oficialmente la fecha del referéndum unilateral. Puigdemont cesó primero al conseller Baiget, por unas declaraciones críticas, y luego a los otros cuatro. El president se ha posicionado pues con Oriol Junqueras, que exigía el cese de los que no querían el choque frontal. En realidad, podemos estar ya viviendo una especie de copresidencia. Ya no hay un presidente, Puigdemont, del PDeCAT, y un vicepresidente, Oriol Junqueras, de ERC, sino dos copresidentes.

Por otra parte, Puigdemont se ha impuesto a la nueva dirección del PDeCAT ( Marta Pascal y David Bonvehí), que han tragado, con el apoyo decidido de Artur Mas, que también apuesta por un choque duro con el Estado. Los moderados han desparecido del gobierno. Excepto el pragmático Santi Vila, que aspira a ser el candidato a la presidencia del PDeCAT en las próximas elecciones.

Así las posibilidades de choque «light» –quizás uno de los objetivos de la «Operación Diálogo» de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría– se han esfumado. El parlamento catalán aprobará el próximo miércoles la reforma de su reglamento, lo que permitirá aprobar el 6 de septiembre, en sesión única y como si se tratara de un paseo draconiano, la ley del referendum. Esperando que el Tribunal Constitucional la suspenda inmediatamente. Así la Diada del 11 de setiembre tendrá un carácter muy reivindicativo, ante una nueva prohibición de España, y se aspira a que sea el punto de arranque de una serie de movilizaciones. Para influir sobre la población y lograr la atención de la prensa extranjera.

La prueba del choque duro ha sido el cambio del director de la policía catalana, el jefe de los «Mossos». Albert Batlle, antiguo alto cargo del PSC, maragallista y conocido por su moderación –declaró que la policía siempre cumpliría la ley y obedecería a los tribunales–, ha dimitido y el nuevo conseller de Interior, Joaquim Forn, le ha sustituido por Pere Soler, un independentista radical. Y Forn ha asegurado algo que puede ser contradictorio: que la policía catalana respetaría la ley y que garantizaría que los catalanes votasen el 1 de octubre. ¿Qué pasa si el Tribunal Constitucional suspende el referéndum? Forn contestó que era algo que ni se planteaba y que en todo caso le haría frente en su momento pero que no esperaba ninguna orden judicial.

Lo que pasa es que Puigdemont, Junqueras, Forn y Jordi Turull, nuevo conseller de Presidencia, piensan que el referéndum sería ilegal según la ley española, pero estaría amparado por la ley catalana del referéndum. Veríamos así un auténtico duro choque de trenes, el de dos legalidades que discutirían por mandar sobre un cuerpo de seguridad.

¿Cómo impondría el gobierno de Madrid la legalidad española a la policía catalana? Esa es la cuestión. Estamos ante una crisis constitucional grave que –se resuelva como se resuelva– no reforzará la imagen de España. En Cataluña la mayoría de los no separatistas –las encuestas dicen que la población está partida– cree que el PP se equivocó con la campaña y el recurso masivo contra el Estatut del 2006 que acabó con la sentencia –cuatro años después– del 2010. Pero que todo se agravó al no saber negociar algún acuerdo en la legislatura de su mayoría absoluta (2011-2015). Ahora todo está mucho más envenenado.

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