En la gestión pública hay dos cuestiones que los cargos políticos no acaban de encajar. Y no por desconocimiento, desde luego, sino simple y llanamente porque no les interesa entrar en ese debate. Primera: diferencia entre responsabilidad política y judicial. Nada que ver una cosa y la otra que, además, se mueven en tiempos completamente diferentes. Hay veces que se deben asumir de forma personal las consecuencias de las acciones que cada uno toma al frente de una institución pública sin tener en cuenta lo que acabe determinando posteriormente un juzgado. Segunda cuestión que muchos políticos tampoco quieren incorporar a su diccionario: diferencia entre legalidad y ética o estética. Ambas imprescindibles en la gestión pública. Hay decisiones que se ejecutan en el «día a día» de una administración que pueden ajustarse a un reglamento o a una norma pero ubicarse en las antípodas de la ética y la estética. Y eso ocurre con el episodio que se ha producido en la Diputación de Alicante que preside César Sánchez con el uso de los fondos públicos para funcionamiento que tiene asignados el grupo del PP, al mando de la institución provincial con el respaldo del tránsfuga Fernando Sepulcre. Cuando arrancó el mandato, los populares rechazaron rebajarse esa cuantía y en su primer año completo tras las elecciones -2016- la cobraron íntegra: 214.000 euros. Ya sabemos su objetivo. El 80% de ese dinero -172.000 euros- fue a parar directamente como ingreso a las cuentas de la dirección provincial del PP, tal y como recoge la contabilidad. El grupo popular en la Diputación mantuvo su asignación de dinero público para dedicarla casi en exclusiva a una mayor financiación del partido. Puede ser legal -es discutible- pero ni es ético ni estético.
