19 de julio de 2017
19.07.2017
Tribuna

¿Quo vadis, Mónica Oltra?

19.07.2017 | 04:21

Cierta izquierda en este país es de una teatralidad exasperante. Compromís es puro espectáculo. Por eso se me antoja necesario desmontar su «neo-despotismo ilustrado», en cuatro, de sus propias escenas:

Acto I: Compromís miente a los alicantinos, en Alicante

El conseller de Educación de la Generalitat Valenciana, Vicent Marzà afirmó en Alicante, el pasado 16 de mayo en el Foro Club INFORMACIÓN, que pretende afrontar las políticas educativas desde la transformación estructural apelando al diálogo y al consenso de todos los grupos políticos.

La acción política del conseller está siendo reveladora de, exactamente, todo lo contrario: resuelve esos cambios radicales a golpe de decreto. Decretos, además, contrarios a los derechos de los ciudadanos.

Se lo ha dicho la máxima instancia judicial de todos los valencianos, el TSJCV. Respecto de la devolución cautelar de los conciertos de Bachillerato el Tribunal le ha dicho a Compromís que, «en cuanto a la ponderación de intereses en juego, el interés al que se refiere la ley no debe ser simple y llanamente el de la Administración, sino de la ciudadanía, y preferentemente, la ligada por razones escolares, la comunidad docente, a quien sirve con objetividad y eficacia».

Qué cabe esperar de un conseller que afirma defender la igualdad en todo el sistema educativo pero discrimina a los alumnos de Bachiller en los centros concertados con el peregrino argumento de que tampoco los alumnos que finalicen la educación obligatoria en cualquier centro público tienen opción de continuar la formación profesional en su colegio. Qué cabe esperar de un conseller que rechaza la idea de conciliar su acción política con la opinión de todos los colectivos educativos y sociales de la Comunidad.

Acto II: Pero en realidad no engañan a nadie: «es falso que todos seamos iguales»

En el manifiesto fundacional residenciado en su web, la Coalició Compromís comienza proclamando: «Compartimos una nueva forma de hacer política». Y concluye, literalmente: «Otra forma de hacer política es posible. Entre todos podemos demostrar que es posible la unidad en la diversidad, que es falso que todos seamos iguales y que, si queremos, podemos cambiar nuestro país.»

A la señora Oltra le dejan estupefactas las resoluciones del TSJCV. Y al Tribunal le debe dejar estupefacto que sus decretos vulneren de forma flagrante el principio de igualdad constitucional y estatutario, aun cuando la discriminación esté declarada en las esencias de su ADN político. Respecto del modelo lingüístico valenciano en la enseñanza no universitaria ha sentenciado «al finalizar el ciclo formativo, la acreditación será inferior para los que opten por el castellano, y el hecho de que puedan completarla mediante un sistema a determinar evidencia que existe discriminación entre los que opten por el idioma castellano frente al valenciano, que no necesitan completación alguna para la acreditación del inglés».

Coherencia en estado puro. Qué cabe esperar de un conseller que afirmó en Alicante «no puedo consentir que se cercene el derecho de los niños y niñas de la Comunidad Valenciana a aprender el valenciano por culpa de los prejuicios de sus padres». Yo estuve allí y lo escuché. Si me pareció una aberración como jurista y como político, pueden hacerse una idea de lo que pensé como padre de dos hijos de 6º y 5º de Primaria.

Comparto con Fernando Sabater que «las lenguas tienen dos enemigos acérrimos: quienes quieren prohibirlas y quienes quieren imponerlas». Son muchos los que se dan cuenta del daño que Compromís está infligiendo a nuestra lengua, cuando su uso y conocimiento está más que garantizado por una ley de consenso de 1983 y un decreto de 2012 (por cierto, única norma en vigor en este momento, tras la suspensión cautelar a Marzà) que ha hecho posible que «La provincia haga la mejor selectividad en Valenciano?» (diario INFORMACIÓN, 13 de julio de 2017).

Acto III: Muerte de Montesquieu

Son inaceptables las críticas del consell al TSJ por haber paralizado el decreto del chantaje (con la excusa del plurilingüismo) y haber devuelto cautelarmente el concierto de Bachillerato a dos centros educativos: «Un tribunal no puede ser una segunda Cámara y para tomar decisiones hay que presentarse a las elecciones», defendió el viernes Mónica Oltra.

Olvida la vicepresidenta que la ventaja política de la democracia sobre los demás sistemas de gobierno no consiste en que los dirigentes elegidos democráticamente ostenten una supremacía ilimitada, sino en que mandan menos. Solo los verdaderamente demócratas aceptan que nunca mandan en solitario y sin cortapisa posible porque tienen su poder limitado por otros poderes no menos legítimos que pueden obstaculizar o incluso frenar sus decisiones. Como afirma Sabater, la democracia es el sistema político que institucionaliza la desconfianza en sus líderes y la vigilancia sobre ellos por distintos medios. El más importante de todos es la separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, cuyo primer teorizador fue Montesquieu en el siglo XVIII.

De ahí la gravedad de la posición que empieza a adoptar este Consell cuando reprocha al poder judicial que no tiene como función decidir el camino a seguir por la comunidad ni dictar las normas a las que todos deben atenerse. Cuestiona la independencia del Tribunal cuando se limita simplemente a aplicar imparcialmente el reglamento del juego democrático. Es decir, ejercer como árbitros.

Que los jueces constituyan el único de los tres poderes no sometido a elección democrática sino a cooptación profesional, es algo que hemos decidido todos los españoles con el refrendo de nuestra Constitución. Es cierto que los jueces son los únicos que deben poseer una preparación específica para su cargo, lo que no ocurre con los gobernantes ni con los parlamentarios. Precisamente en ello reside su imparcialidad.

Señora Oltra, sin árbitros, no hay juego posible. Y en el juego democrático, para gran parte de las cuestiones esenciales, como la educación, los jueces son los árbitros necesarios.

Fin del sainete

El desenlace no es muy ejemplar desde el punto de vista de la probidad pública que predica el Consell y que puede traducirse en algo así como «respeto el Estado de Derecho, pero solo cuando me dan la razón». La aseveración es muy grave; por lo que acreditaré lo que afirmo:

Desde el 23 de mayo (cuando fue dictado el primer Auto de suspensión) la Conselleria no ha emitido ningún acto, orden o instrucción relativa a la suspensión, ni ha admitido que la norma vigente, si bien de forma transitoria hasta que recaiga sentencia, actualmente es el decreto 127/2012.

En fecha 13 de julio de 2017 la Diputación ha presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV un incidente de ejecución solicitando al Tribunal que requiera a la Conselleria para que manifieste el órgano, plazo y medios con los que va a hacer efectivo el cumplimiento de la resolución judicial. Se solicita a la sala que dicho requerimiento se haga en el plazo de tiempo más breve posible dado el inminente inicio del curso escolar sin que la comunidad educativa, incluidos alumnos y padres, hayan recibido instrucciones sobre la no aplicación del decreto 9/2017 y la necesaria aplicación de la normativa anterior.

Concluyo advirtiendo al lector que mientras cae el telón, en el ambiente se destila un cierto temor al peligro de no cumplir las resoluciones de los jueces, porque, el público, inteligente, se marcha preguntándose ¿si todos hiciéramos lo mismo, no sería lo más alejado del teatro del absurdo y lo más parecido al teatro del caos?...

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