Otros pensarían que, estando como está la Generalitat, con Montoro tirando de la soga «sistemáticamente» (ojo, no lo digo yo: lo dice Margallo, que debe ser ya el único verso libre en el PP que no se hace trampas al solitario), es de locos hacer un esfuerzo presupuestario de 26,5 millones para rebajar unas tasas aparentemente digeridas y asumidas por la población hace tiempo. Por eso tiene más valor lo que ayer acordó el presidente Puig, flanqueado por los consellers Marzà y Soler, con los cinco rectores de las universidades públicas de la Comunidad. Reducir las matrículas universitarias en un 15%, cien euros este año y otros cien el próximo, supone abandonar la nada honorable cuarta posición que veníamos ocupando en el ranking de los que más pagan por sus estudios universitarios en España y descender a una zona mucho más tibia de esa tabla y mucho más acorde con el nivel económico de quienes vivimos aquí. Es una medida 'universal' que afectará al bolsillo de todas las familias por igual pero que no olvida las cifras alarmantes de estudiantes que dejan la universidad por falta de recursos. Un fenómeno inquietante que requerirá complementar este esfuerzo con una política de becas más decidida que rebaje esas salidas forzadas hasta el cero absoluto. Que el sentido común se haya impuesto en este acuerdo no resta mérito ni al Govern ni a los rectores, con Palomar a la cabeza, que han peleado para convencer a la Generalitat de lo que las universidades pueden contribuir a la sociedad en el futuro si son más grandes y más abiertas, también en facilidades económicas.
