Con la senda de la recuperación económica parece que encauzada, la negociación colectiva entre los empresarios y los sindicatos, ahora mismo en punto muerto, está marcando buena parte de la agenda social. Los tiras y aflojas, habituales entre las dos partes en otros tiempos, habían caído un tanto en desuso en los años más profundos de la crisis y ahora parece que reverdecen. En ese toma y daca han entrado en liza parte de los ministros del Gobierno, circunstancia nada habitual, desde la ministra de Empleo, Fátima Báñez, hasta el de Hacienda, pasando por el portavoz gubernamental, Iñigo Méndez de Vigo, sumándose a las peticiones sindicales de elevar las nóminas de los trabajadores. Loables intenciones, pensarán ustedes, del Ejecutivo para auspiciar esa mejora del poder adquisitivo, con los argumentos que ofrece, pero no debemos dejar de lado que ese incremento de las percepciones salariales lleva consigo una mayor recaudación de la Seguridad Social, vía cotizaciones, y ese puede ser el gran objetivo gubernamental para que le cuadren las cuentas. Montoro ha tenido que ceder en la rebaja del IRPF por la imposición de Ciudadanos y reducir, a instancias de los canarios, el objetivo de déficit de las comunidades autónomas. Y eso le ha trastocado los números. Pero si, por una vez, los objetivos macroeconómicos coinciden con esas mejoras salariales y sus correspondientes beneficios sociales tras las caídas de los últimos años, bienvenidos sean.
