El tema me repele un tanto, pero había que sacarlo a relucir. Y es que, lo de los impuestos, es como el jarabe de ricino: lo vamos tragando poco a poco para, llegado el momento, soltar lo que nos queda dentro. Acabamos de liquidar el IRPF y ya nos vienen tocando las narices con tres noticias relacionadas que saltan al unísono: Cataluña quiere gestionar todos los tributos; Ciudadanos propone una nueva chapuza de rebaja fiscal para algunos, cuyo coste acabaremos asumiendo todos; y, finalmente, la subida a los cielos de una panda de delincuentes por el mero hecho de apellidarse Messi. En realidad, lo jodido no es que unos quieran independizarse, otros busquen votos con nuestro dinero, o que un par de chorizos anden sueltos por Can Barça. El problema es que nos están vaciando el bolsillo para mantener tanta inmoralidad y seguimos tragando con ella.
Inmersos en su proceso de «desconexión» ?¡vaya marcianada de término!-, la Generalitat de Cataluña dice estar preparada para gestionar todos los tributos estatales de los que, actualmente, se encarga el Ministerio de Hacienda. El equipo del reprobado Montoro advierte que, desde que San Mateo fuera recaudando impuestos para los romanos, las cosas han cambiado sustancialmente, y que los catalanes no disponen de la infraestructura necesaria. Para que nos aclaremos, la gestión que pretenden asumir Puigdemont y compañía, conlleva todo tipo de actuaciones propias de la recaudación fiscal, y no solo la recepción de los saldos correspondientes, como viene ocurriendo hasta ahora. De hecho, por el momento solo gestionan el 10% de los impuestos procedentes de los contribuyentes catalanes. Pero el presidente catalán asegura que, con una Agencia Tributaria propia, en breve estarán en condiciones de asumir todos los impuestos que se recaudan en esa comunidad autónoma. Y, como ya saben bien por aquellas tierras, cuando llegue el momento no habrá más que dos opciones para el ciudadano de a pie: incumplir las leyes, plegarse ante las coacciones, pagar a la Generalitat y vérselas finalmente con Hacienda; o, en el caso contrario, aceptar la represalia en forma de marginalización social, por parte de los separatistas de su barrio. No hay otra.
Como es evidente deducir, se trata de una necesidad básica para el proceso independentista. Algo así como la gasolina que precisan para mantener sus ínfulas imperiales. Sin gestión directa del parné, el proyecto separatista no tiene más recorrido que el de la próxima manifestación que pase por la plaza de Sant Jaume. De ahí la importancia de asumir la recaudación y el reparto pleno de los tributos, sin intermediarios. Y, por supuesto, la inspección fiscal como nuevo instrumento de coacción para un gobierno que, día a día, demuestra no tener reparo alguno en recurrir a cualquier tipo de medida contra quienes no opinan como ellos. Para legitimarse, acaban de conseguir una fugaz presencia internacional, gracias a una editorial publicada en New York Times (NYT). Una vez más se enrocan en el manido argumento de que aportan el 20% del PIB español y solo reciben el 9,5% de los presupuestados del Estado. Dato falso, por cierto, porque su parte del pastel supera el 15%. Aparecer en las páginas del NYT siempre es más productivo que la conferencia que, a principios de año, impartieron Puigdemont, Junqueras y Romeva en el Europarlamento. De aquel acto apenas se recuerda el eslogan «Calafell for the Independence» que aportaban los incondicionales de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), a medio camino entre el apoyo local a la propuesta y la promoción turística en Bruselas.
En el resto de España, quizás nos afecte más la propuesta conjunta de Ciudadanos y populares, dirigida a eximir de pagar impuestos a quienes obtengan rentas inferiores a 14.000 euros al año, frente al actual límite de 12.000 euros. Así lo han acordado ambos grupos pero, como era de esperar, no se trata de un cheque en blanco sino a cambio del apoyo parlamentario para limitar el techo de gasto. Dicho de otro modo: un pequeño ajuste que beneficiará a unos cuántos, pero conllevará una reducción de 2.100 millones de euros y, en consecuencia, la afectación proporcional en los servicios públicos. Eso de que la rebaja se dirige a los más necesitados es la falacia habitual en estos casos, porque también serán ellos quienes se vean más afectados con los recortes de servicios que cabe esperar como resultado de la disminución de ingresos fiscales. A la historia reciente me remito, por más que los teóricos nos aseguren escenarios económicos distintos. Seguiremos pagando los de siempre ?ni los de arriba, ni los de abajo-, en un momento en que es necesario recaudar más para recuperar el nivel de servicios públicos perdidos en los últimos años. Y, según parece, en 2019 aún tendremos más regalos, que vienen las elecciones. Luego, a llorar por el deterioro de lo público, sin darnos cuenta de que mal vamos si no aportamos.
Desde el PSOE se han opuesto a esta medida. Hay motivos para aplaudirles. No encuentran respuesta a cómo, disminuyendo ingresos fiscales, se podrá cumplir con el criterio de déficit que nos marca la Unión Europea. También dudan de una recuperación de las pensiones y de los servicios públicos, si bajan los impuestos. En contraposición a las propuestas de PP y C´s, los socialistas proponen incrementarlos en aquellas rentas de más de 150.000 euros y no proceder a rebaja alguna en el resto. De este modo podrían recaudarse unos 5.200 millones más. Impopular pero bastante más razonable.
Lo del fisco español empieza a parecer las rebajas de El Corte Inglés o el Prime Day de Amazon, con la única diferencia de que, en estos casos, seguro que acaban obteniendo beneficios. Por el contrario, en lo que concierne al dinero de todos, nos ponemos a rebajar sin ton ni son, y luego ya veremos cómo salimos de esta milonga. Asuntos de mayor importancia como las desigualdades autonómicas ?en especial, en los impuestos transferidos-, el maltrato fiscal a los autónomos, el coladero fiscal de los ingresos supuestamente procedentes del ahorro, y, fundamentalmente, el desequilibrio de los tramos de aportación, siguen situándonos a la cola de Europa y sin solución prevista en el horizonte. Que este país precisa una profunda reforma fiscal no es novedad, pero ya tardamos en coger al toro por los cuernos.
Concluyo recordando las andanzas de esa pareja de delincuentes apellidados Messi. Por maravilloso deportista que sea, el tal Leo ha intentado birlarnos la friolera de 4,1 millones de euros a todos los españoles, en necesaria colaboración con su padre. Así lo consideró la Audiencia Provincial de Barcelona y ratificó posteriormente el Tribunal Supremo. Ahora nos vienen con que, a cambio de una multa de 252.000 euros, el ídolo de tantas víctimas no pisará talego durante 21 meses, que era la pena impuesta por los tres delitos que ha cometido. Esperaba que, con nuestra Lola de España, ya hubiéramos cubierto el cupo de listillos, pero parece que no fue así. Y demostrado el arraigo que tienen los Messi a este país ?y al dinero que nos defraudan, obviamente- debe considerarse que tampoco hay motivo alguno para devolverlos a casa. Otra cosa es si fueran manteros o jornaleros. Pero no, no es el caso. Los delincuentes de guante blanco pueden quedarse en España. Y recibir el reconocimiento público por su arte, ¡faltaría más!
Ya les decía que el asunto me repele. Y a ustedes también, seguro.
