08 de julio de 2017
08.07.2017

Ya estamos en el choque de trenes

08.07.2017 | 04:27

A mediados de junio, cuando Puigdemont anunció que el referéndum catalán sería el 1 de octubre, escribí que no creía que el mal momento del ejecutivo catalán –descenso del entusiasmo independentista y divergencias internas– y del Gobierno español –mayoría inestable y crisis de corrupción– sirviera para que reflexionaran y trataran de evitar en el último minuto el temido choque de trenes.

Así ha sido. El martes 4 de julio –día en el que se celebra la independencia de las 13 colonias británicas que formaron los Estados Unidos–, Puigdemont y Junqueras presentaron en el Teatro Nacional de Cataluña un borrador de la ley del referéndum unilateral, o de autodeterminación, como la definió un diputado de las CUP, que no se quieren ir sólo de España sino también de la Europa capitalista (la de la UE).

Con el 47,8% de los votos en las últimas elecciones (contando el 8% de las CUP) y pese a su mayoría parlamentaria, está claro que Puigdemont y Junqueras no tienen ningún «mandato popular» para convocar un referéndum unilateral que no solo orilla la Constitución sino que tampoco respeta el Estatut de Cataluña. En efecto, allí queda claro que los legisladores catalanes quisieron evitar un excesivo predominio de la mayoría. Por eso para leyes relevantes no basta la mayoría absoluta (68 escaños) sino que se requiere otra, reforzada, de dos tercios (90 diputados). Es el caso de la reforma del Estatut y de otras normas claves como la ley electoral. ¿Es coherente y democrático que cuando el Estatut catalán exige 90 diputados para la ley electoral, se decida convocar, en base al «principio democrático», un referéndum unilateral e ilegal que busca la ruptura con España con el apoyo de sólo 72 diputados? Y el texto no fija un mínimo de participación, por lo que nos podríamos encontrar que con una participación del 35%, o incluso el 25%, se quisiera proclamar la independencia. Absurdo total.

Es cierto que la desafección con España de parte de Cataluña se debe al rechazo al Estatut del 2006 con malos modos (campaña callejera antes y recurso masivo después) de la derecha. Aquel Estatut podía ser discutible, pero había sido aprobado en debida forma por el Congreso y el Senado, y votado luego en referéndum. Además, todo desarrollo estatutario necesitaba el visto bueno del Constitucional, en el que –por su composición– las tesis nacionalistas nunca serían dominantes.

Por eso la derecha española (también nacionalista) pecó entonces de imprudencia temeraria al lograr que el Constitucional alterara –en el 2010, con cuatro largos años de retraso–, no el pacto constitucional del 78, como dice ahora el independentismo para justificarse, pero sí equilibrios políticos laboriosamente tejidos. Y al propinar lo que se interpretó como una bofetada al voto de los catalanes.

La sentencia del 2010 no da la razón moral al independentismo, pero sí explica por qué el 47,8% de los catalanes votaron a candidaturas separatistas en las «plebiscitarias» del 2015 cuando su apoyo nunca había superado, antes del Estatut, el 20%.

El separatismo sabe que es difícil que el referéndum se pueda celebrar. Pero apuesta. Si lo logran, primer premio: independencia o lío mayúsculo. Y en caso contrario esperan obtener un premio de consolación: que el referéndum no tenga lugar pero que la imagen del Estado español retirando urnas, inhabilitando políticos o sancionando funcionarios quede degradada. Y que las portadas de la prensa internacional se hagan eco de protestas masivas.

La democracia española no debe caer en la trampa de una prohibición exitosa. El PP se equivocó cuando el Estatut. Y lo volvió a hacer al no reconducir el conflicto en sus años de mayoría absoluta. Cierto que, últimamente, Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría actúan con más tiento, pero sobran declaraciones como las de la ministra de Defensa mentando al Ejército?

A medio plazo, España ganará la batalla si sabe recrear el clima de consenso de la Constitución del 78, cuando Cataluña sintió que era tenida en cuenta por el papel de dos políticos, Miquel Roca Junyent (centro) y Jordi Solé Tura (izquierda), que fueron padres de la Carta Magna. Caso contrario, todo se complicará y puede acabar muy mal. Muy mal.

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