07 de julio de 2017
07.07.2017

Lacras del pasado

07.07.2017 | 04:08

Tras la entrada en vigor de la Constitución era cuestión de tiempo la aprobación de algún tipo de reconocimiento legal que amparase el matrimonio homosexual así como una legislación que impidiese la discriminación por la condición sexual de una persona

Con la celebración, hace unos días, del World Pride Madrid 2017, España vuelve a situarse como ejemplo de cultura democrática y de respeto hacia todas aquellas personas que con independencia de que tengan una condición sexual que podría considerarse como diferente de la de la mayoría –calificativo que en cualquier caso no es correcto– tienen los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro ciudadano. Los españoles debemos sentirnos orgullosos de vivir en un país en el que comienza a ser una realidad un trato legal justo a todas esas personas que, reunidas en torno al colectivo LGTB, han sido tradicionalmente perseguidas por la Administración, visto pisoteado su derecho a vivir con plenitud según su conciencia así como objeto de burlas por parte de una gran parte de la población heredera de las más casposa y carpetovetónica tradición española.

Desde que en el año 2005 se aprobó la Ley 13/2005 que modificó el Código Civil permitiéndose el matrimonio entre personas del mismo sexo y, por tanto, los derechos inherentes al mismo como la adopción o la herencia, la legislación española dio carta legal a una realidad que ya desde la Transición comenzó a ser reivindicada, primero, como el derecho a poder existir conforme a unas ideas y no ser agredido ni vejado por ello y, en un segundo momento, como el derecho a poder desarrollar una vida personal en igualdad de condiciones.

Resulta evidente que tras la entrada en vigor de la Constitución Española una vez finalizada la dictadura franquista era cuestión de tiempo la aprobación de algún tipo de reconocimiento legal que amparase el matrimonio homosexual así como una legislación que impidiese la discriminación por la condición sexual de una persona. La tardanza en ello se debió, como sabemos, a dos circunstancias bien claras. Por un lado, por la firme oposición que la derecha española representada por el Partido Popular ha ejercido durante los últimos treinta años contra cualquier atisbo de reconocimiento legal de la condición de homosexual en España, es decir, de otorgar derechos que mejorasen su vida igualándola al resto de ciudadanos. Basta recordar, como ejemplo de ello, las manifestaciones que se celebraron con ocasión de la aprobación de la mencionada ley con numerosos cargos populares al frente de ellas. Por otro lado, la cerril animadversión de la Iglesia Católica a todo aquello que suponga un avance de la población española en materia social explica la poca representatividad de la Conferencia Episcopal en la España del siglo XXI. No es de extrañar que hiciese todo lo posible por evitar la ley de matrimonios homosexuales si tenemos en cuenta que su primera embestida fue su firme oposición a la ya desaparecida –gracias al PP– asignatura Educación para la Ciudadanía aprobada en su día por el PSOE en la que en un párrafo del manual escolar se hacía referencia a que en España existían otras formas de familia distintas a la tradicional formada por un hombre y una mujer.

Otro cambio que se ha ido produciendo en nuestra sociedad de manera paulatina desde la reinstauración de la democracia en España es la concienciación de que la utilización del castigo físico en la educación de los niños es algo intolerable. Hasta hace pocos años era algo asentado en la educación y normal en el ámbito familiar abofetear o estirarle de una oreja a un niño que no cumpliese las órdenes de los padres. Creo que cuando un padre o una madre pega a un niño se rompe un hilo conductor muy fino que jamás vuelve a unirse.

Hasta hace no muchos años era normal que en el colegio los alumnos que no estuviesen en silencio en clase o que se equivocasen en la respuesta a una pregunta del profesor recibieran un golpe, un retorcimiento de la piel o estiramiento de orejas. Recuerdo que cuando cursaba tercero de EGB en un colegio público de Alicante –a principio de los años 80– un día en clase uno de los alumnos se puso a hablar con otro compañero mientras el profesor explicaba la lección. Yo permanecía callado pero el profesor debió confundirse y pensar que era yo el que no paraba de hablar, propinándome un tortazo que me lanzó las gafas hasta la puerta de la clase. Un compañero de clase, Emilio Soriano, –del que tengo un grato recuerdo– fue a buscarlas y me las trajo.

Lo que más sorprende, a parte del hecho de la utilización de la violencia física por parte de un profesor de magisterio, es que los niños de aquel curso viéramos normal que un profesor pegase a un alumno. Y no nos sorprendió porque en aquellos años todavía era habitual que los profesores empujasen a los alumnos o que incluso les infringiesen castigos físicos. Nada que ver con la violencia que se ejercía en las escuelas sobre los más pequeños durante la dictadura franquista, pero aún existía la aceptación de su existencia.

Afortunadamente la sociedad española ha evolucionado para bien en muchos aspectos a pesar de la reticencia a los cambios por los sectores más conservadores. Un sociedad se caracteriza por el trato que se da a los más débiles.

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