20 de junio de 2017
20.06.2017

Lo peor de todo

20.06.2017 | 04:49

En el caso Bárcenas (tesorero y senador del PP) lo más grave fue la actuación de Rajoy, aparte del correo electrónico que le dirigió, «Luis, sé fuerte», que pudiera entenderse como el dar ánimo a un amigo imputado en prisión, lo peor fue que Bárcenas le pide que le cambien a las dos fiscales anticorrupción, a lo que responde Rajoy: «Es difícil, pero estamos en ello», este intento explícito de injerencia y manipulación de la Justicia, pues fiscalía es parte de la justicia española y por tanto del poder judicial, sería suficiente en cualquier país demócrata para la dimisión de su presidente. Ya no se trata de si conocía o no la culpabilidad o inocencia de su tesorero y senador, sino que le buscaba la impunidad a un corrupto delincuente a través de un cambio de las fiscales anticorrupción, por otros fiscales «amigos» que no investigaran tanto.


En el caso del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, lo peor no fue la orden del fiscal general al fiscal jefe anticorrupción, que no se solicitara la imputación del presidente, y que las dos fiscales del caso no firmaron esta orden, lo peor fue la declaración del ministro de Justicia Rafael Catalá (que reconoció que se había entrevistado con el presidente Sánchez), que valoró como «anómalo» que las dos fiscales de base se negaran a firmar el escrito favorable de la fiscalía general, y apostilló «quizá quien tiene el problema son las fiscales» y que «generará algún tipo de actuación interna en la Fiscalía». «Que a las dos fiscales, su criterio no sea soportado por sus jefes, no sé dónde hay que poner la verdad, si en las fiscales o en los jefes. Yo me pongo más del lado de los jefes». Finalmente, el presidente de Murcia ha sido imputado formalmente por el Tribunal.


Uno de los hechos más graves de corrupción es el caso del que fue presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, actualmente en prisión, pero lo peor ha sido la actuación del ministro de Justicia, del fiscal general José Manuel Maza y del fiscal jefe anticorrupción Manuel Moix por lo que fueron repudiados por toda la oposición en el Parlamento. El ministro destituyó a la anterior fiscal general Consuelo Madrigal, por rechazar sus presiones sobre el nombramiento del fiscal anticorrupción, ella era partidaria de Alejandro Luzón, el segundo de Antonio Salinas que se jubilaba.


Nombrado el nuevo fiscal general Maza, éste nombró al fiscal jefe anticorrupción Moix, pese a que asociaciones de fiscales le informaron que había aparecido unas conversaciones del imputado González que deseaba que se nombrara a Moix, que antes ya se había intentado, pero que sería cojonudo ahora. El fiscal jefe anticorrupción lo primero que hizo es oponerse a que no se hiciera algunos de los registros en el caso Lezo del imputado González, y así lo ordenó por escrito a los fiscales del caso, Carmen García Cerdá y Carlos Yáñez, quienes ante orden tan insólita, decidieron invocar el artículo 27 del Estatuto del Ministerio Fiscal y obligaron a Moix a convocar de urgencia la junta de fiscales anticorrupción, oponiéndose la mayoría a su jefe, y éste tuvo que ceder, y aunque ordenó que no se imputara en el caso Lezo como agrupación criminal, el juez Velasco mantuvo esa imputación.


El fiscal general Maza en entrevista en la Ser dijo que es delito gravísimo las filtraciones de un sumario secreto, y al ponerle de manifiesto la entrevistadora Pepa Bueno que él precisamente filtró el informe de los fiscales anticorrupción sobre la investigación chivada del secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, lo reconoció, aunque según él se trataba de una filtración depurada. Es decir, que según el fiscal general son válidas las filtraciones de sumarios secretos si son «depuradas»,por ejemplo, poner sobre aviso al citado secretario de Estado de Seguridad de que estaba siendo investigado. ¿Pero nos toma por tontos? ¿Pero a qué extremos de descrédito quieren llevar a las instituciones? Lo peor de la corrupción de los dirigentes del PP es intentar destrozar el Estado de Derecho, con injerencia directa en la justicia española.

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