Hay varias formas de mentir. Una, faltando a la verdad afirmando una cosa distinta a la realidad; otra, muy extendida en la actual política, la de silenciar esa realidad omitiendo partes de la misma, haciendo aparecer un hecho manipulado ante la opinión pública.
En el remedo de moción de censura de la semana pasada, auténtica burla a la Constitución que configura estos mecanismos de forma positiva, la mentira, la deformación de la verdad fue nota dominante en los discursos de los proponentes, incluyendo en ellos a IU, cuyo dirigente, el ciudadano Garzón, demostró en temas jurídicos ignorancia, mala fe o ambas cosas a la vez. Poco rigor en quien, debiendo encabezar esa parte de la oposición más a la izquierda del PSOE, la ha entregado gratuitamente, haciendo méritos para hacerla desaparecer.
Dos cosas repitió el economista que, crecido, se metió a jurista o leyó lo que le habían preparado sus asesores con intención evidente de engañar al respetable. O, tal vez, estos últimos lo hicieron convencidos de su ciencia, demostradamente escasa.
Primera. Manifestó el aludido que el PP ha sido el primer partido de la historia de España imputado por corrupción. Ni sabe lo que es la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ni es capaz de diferenciar entre responsabilidad civil y penal, lo que es grave en un dirigente que quería ser ministro de algo.
En primer lugar, la responsabilidad penal de las personas jurídicas es muy novedosa; no existía hasta la reforma del Código Penal de 2010; hasta ese momento las personas jurídicas no eran penalmente responsables. Por eso nunca antes se había imputado a una persona jurídica. Pero, ya que han entrado a valorar el impulso en la lucha contra la corrupción, conviene que todos sepamos que el PSOE se negó a que los partidos políticos pudieran ser penalmente imputados, de forma que la reforma de 2010 los excluyó expresamente de esta responsabilidad, siendo el PP el que lo hizo en el año 2012, extendiéndola a las fundaciones vinculadas a los mismos. Es decir, nunca hasta el año 2012 podían ser imputados los partidos políticos penalmente, el PSOE se negó a que pudieran serlo y fue el PP el que incluyó esta responsabilidad no muy bien acogida por los demás, que votaron en contra en el Congreso. Incluida IU. Sorprendente al oírlos ahora, pero cierto.
Dicho esto, conviene también aclarar que el PP no ha sido penalmente imputado. Es responsable civil de hechos penales imputados a personas físicas, una mera responsabilidad civil, la de partícipe a título lucrativo, que se enjuicia en un proceso penal por acumularse procesalmente a éste, pero que bien podría hacerse de forma independiente en ciertas condiciones y que así será con seguridad una vez se reforme nuestra vetusta Ley de Enjuiciamiento Criminal que en este punto se halla en una posición decimonónica que ningún país mantiene.
Segundo. Sostuvo el ciudadano Garzón que el PP es el precursor de la supresión o limitación de la acción popular, institución centenaria española sin referente tampoco en el derecho comparado que, casi unánimemente, consagra el monopolio de la acción penal en manos del Ministerio Fiscal.
Miente de nuevo Garzón, Iglesias y, menos mal que el PSOE guardó silencio en el debate, aunque algunos de sus militantes han deslizado comentarios que les han hecho incurrir en un ridículo que podían haber evitado informándose antes.
Porque, la tendencia a limitar o prohibir a partidos y sindicatos la acción popular es muy antigua, situándose ya en el régimen democrático en los años ochenta cuando el PSOE se vio sometido a procesos penales de la mano de la oposición del PP (Filesa) o de Ruiz Mateos. Concretamente el PSOE la propuso en el artículo 84 del Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2011, en el cual prohibía expresamente a partidos y sindicatos el ejercicio de la acción popular, postura ésta bien vista por el PP habida cuenta el uso abusivo del proceso penal para fines espurios, políticos, no penales y de buena fe. Y los tribunales vienen limitándola de forma continuada restringiéndola de manera visible.
No es, pues, una propuesta que se pueda imputar al PP, por lo que bueno sería no afirmar falsedades y entrar de lleno a analizar una alternativa que seguramente, si se actuara coherentemente, obtendría el apoyo mayoritario de la Cámara. Otra cosa es que se desdigan ahora los precursores de la medida, el PSOE, que callen ser los proponentes originarios o que sus aliados oculten un hecho constatable y objetivo.
Yo he apoyado siempre la acción popular en un sistema de Ministerio Fiscal que no es independiente del Poder Ejecutivo porque nuestro sistema constitucional no lo contempla así aunque se mantenga lo contrario en este desvarío generalizado que pare ocurrencias y genialidades opuestas al sistema vigente. Otra cosa es que se impongan condiciones y, sobre todo, responsabilidades objetivas ante el abuso contrastado. Pero, la acción popular es el contrapunto del sistema y no debe ser suprimida. No obstante, debo decir, mi posición es minoritaria, casi aislada e izquierda y derecha, en general, han optado ya por negar la acción popular a partidos y sindicatos.
