Me cuentan que PSPV, Compromís y Podemos han vuelto a manifestar su interés por legalizar el consumo del cannabis y sus derivados. Pues bien, ahí tienen mi apoyo sincero por más que a alguno pueda extrañarle e, incluso, escandalizar. Quienes me conocen saben que no es novedad y basta con tirar de hemeroteca para comprobarlo. Hace ya mucho tiempo que vengo diferenciando los aspectos legales del consumo de los propios de la defensa de la salud. Porque tan malo es penalizar el uso como banalizar un problema sanitario de esta magnitud. En consecuencia, bienvenida sea la idea de recobrar el diálogo pero, ojo, atendiendo previamente a ciertas consideraciones que no pueden quedarse al margen en este discurso.
Vayamos por partes. De entrada, en España no es ilegal consumir ningún tipo de droga. A otro con este cuento, que apesta ya tanta demagogia rancia. Consumir drogas no es delito en este país, sino una falta administrativa y siempre que se realice en público. Corcuera nos dejó la ley «de la patada en la puerta», de acuerdo, pero también es la misma que regula un importante avance de la libertad individual. Este es un matiz que suele olvidarse, bien por desconocimiento, bien por mala fe. Aquí deber ir al talego el malnacido -masculino genérico- que juega con la vida de otros, ese camello al que se le acaba otorgando la consideración de «bon xiquet», cuando antes le importaba un rábano la salud de los demás. Son esos ¿arrepentidos? para quienes es habitual solicitar el indulto por vía de alguna cofradía redentora. Cierto es que más de un importante narcotraficante acaba también librándose del peso de la Justicia o, cuando menos, beneficiándose de sus buenas rebajas. Unas veces por corrupción, que así ha ocurrido; otras, por los errores procesales de ciertos jueces. Ahí tienen los sonoros patinazos de Baltasar Garzón en los casos «Nécora» o «Prestige», que acabaron beneficiando a los principales mayoristas del comercio español de las drogas, como los Oubiña, Lago o Charlín. Demasiado protagonismo y muy escasos resultados.
En el aspecto formal, dudo que Les Corts sea el escenario más adecuado para debatir estas disquisiciones, más que nada porque no es competente en la materia. Esto de ir presentando proposiciones no de ley en una cámara autonómica, para que se traslade al gobierno de la nación, se me antoja un tanto superfluo. Más aún cuando la iniciativa se acompaña de la creación de una comisión parlamentaria, de esas que justifican la paga de sus señorías y acaban legitimando socialmente sus preconcebidas opiniones, gracias a la asistencia de los cuatro colegas de una y otra banda. Mal empezamos si queremos seriedad. Hace ya muchos años que las Cortes Generales disponen de una comisión mixta Congreso-Senado, de carácter permanente y dedicada precisamente a debatir este tipo de iniciativas. Ahí es donde los grupos políticos pueden -y deben- exponer sus argumentos y evitar estériles duplicidades en asuntos en los que no se dispone de competencias. Lo demás es humo, como el de los canutos. Nada más.
Es cierto que habrá que ir abandonando viejos clichés si queremos ir avanzando en un problema que afecta a más del 40% de los jóvenes españoles. Un tuit de Eduardo Haro, viejo amigo que durante muchos años dirigió las políticas preventivas en Perú, recordaba estos días que el «purismo talibanista» ha perjudicado las políticas preventivas. Coincido plenamente con su punto de vista. Hace ya muchos años que es preciso adaptar el mensaje preventivo a la realidad social. Y como bien apunta la Fundación AEPA en otro mensaje, aceptemos que negar el placer que produce el consumo de estas sustancias, es una mala política preventiva. La cuestión estriba en mostrar todas las caras de una misma realidad, sin hipertrofiar una mientras se niega la contraria.
Ahora bien, tengo la impresión de que las cosas no han cambiado sino que, simplemente, se está dando la vuelta a la tortilla. Vaya, que si antes todo era malo, ahora la marihuana surge como planta divina y salvadora de almas y cuerpos. Pues no, ni tan mala ni tan buena.
Es indudable que, a priori, la legalización de una droga puede incrementar su consumo pero, paradójicamente, también puede obtener un resultado contrario; esto es, disminuir el número de consumidores. De ahí que defienda la legalización pero siempre que esté supeditada a algunos criterios de los que aún no he visto opinar a sus apologistas. El uso de una droga se extiende cuando se facilita su adquisición y disminuye la percepción de riesgo. Estos son los dos factores que se asocian, en mayor medida, al aumento en las cifras de consumo. ¿Es posible legalizar una sustancia y, al mismo tiempo, incidir favorablemente en ambos factores? Por supuesto.
Empecemos por llamar a las cosas por su nombre. Y normalizar, que es lo que nos hace falta. Si se trata de un fármaco -que, lo es, aunque un tanto impuro-, no hay más que discutir. Aplíquese la normativa correspondiente y se acabó este cachondeo de que cada hijo de vecino fabrique su medicamento y comercialice con ello. Y páguense impuestos, que es lo que realmente ha hecho mover el culo a quienes han ido permitiendo el negocio. Pregunten en Colorado, Washington o California, que de eso saben un rato. No se trata de derechos -insisto, en España es legal consumir cualquier tipo de drogas- sino de intereses económicos y, ¡cómo no!, electorales.
Si se pretende legalizar, olvidémonos de los modelos que han ido desarrollándose en los Estados Unidos y apostemos por el que inicialmente se diseñó en el Uruguay de Pepe Múgica. Esa -y no otra- era la opción que despertó el interés de la Organización de Estados Americanos. La diferencia es sustancial: control público en todas las fases del proceso. Si algún gobierno llega a plantearse legalizar el consumo de una sustancia tan dañina como el cannabis y sus derivados, es obvio que debe realizarlo bajo un marco de estricto control. Asegurar la pureza del producto y controlar el cumplimiento de criterios médicos para acceder a ella. Vaya, que pueden «legalizar» cuanto deseen, pero nada de ir repartiendo licencias a doquier: cultivo público, elaboración pública, prescripción pública y dispensación pública. Ni clubes ni chiringuitos de amiguetes. ¿Se apuntan a estas condiciones? Lo dudo.
Y, puestos a dar el callo en Les Corts, ya podrían preocuparse de cómo combatir el problema en esta Comunidad. Estos progresistas de pacotilla que hoy se hacen la foto y proponen debatir el tema, son los mismos que apoyaron, con sus votos, una nueva reducción del presupuesto autonómico destinado a prevenir el consumo de drogas. Segundo año de legislatura y repitiendo los mismos errores que los populares. Aquí está la incongruencia: pedimos lo que no es de nuestra competencia mientras hacemos dejación de la que sí es propia. Vaya panda.
Humo, mucho humo.
