Más de veinte millones de euros (y que quede ahí) nos va a costar a todos los que vivimos en esta ciudad la licencia indebida que para levantar un complejo turístico concedió el gobierno municipal del PP que presidía Luis Díaz Alperi y en el que la exalcaldesa Sonia Castedo era en esos momentos la responsable de Urbanismo. Un permiso que acabó anulando un juez provocando con ello un perjuicio que otro magistrado acaba de sentenciar ahora que hay que compensar. La cuantía, de las más elevadas de las fijadas por una actuación anómala de este Consistorio, se suma a los 18,4 millones que no hace mucho ha desembolsado tras perder el litigio que durante años mantuvo con Hansa por una cesión de suelo en el proyecto de Alicante Golf que los responsables municipales calcularon mal. Cerca de 40 millones (que serán más al contar los intereses) a los que se suma también el millón y pico con el que se indemnizó a una empresa dedicada al montaje de instalaciones festivas que resultó perjudicada por un contrato municipal que encima se adjudicó a una oferta un millón de euros más cara. Actuaciones que, en el mejor de los supuestos, habría que calificar de negligentes (aunque en el caso de la contrata hay una causa penal abierta por prevaricación y fraude a la administración) pero de las que tendrían que responder aquellos que las tomaron. Aun cuando sólo fuera para que nadie tuviera dudas de que el que el dinero sea de todos no significa que no sea de nadie.
