Los procesos congresuales del Partido Popular en la Comunidad Valenciana y en la provincia de Alicante han transcurrido como se esperaba, con un sopor tremendo. La única incógnita a desvelar en esos cónclaves era la nómina de quienes acompañarían en la ejecutiva a los únicos candidatos preexistentes. Sin embargo, la cosa cambia conforme nos acercamos territorialmente a las localidades de mayor número de habitantes de nuestra provincia. En particular, se prevé una sana confrontación en la ciudad de Alicante entre el actual portavoz de grupo popular en el Ayuntamiento de Alicante, Luis Barcala, y el vicepresidente de la Diputación, Carlos Castillo, salvo que las instancias superiores hurten el debate e impongan un falso consenso.

Y digo sana confrontación por dos motivos. El primero de ellos es que ambos concejales representan las dos visiones más cercanas que son objeto de revisión en el seno del Partido Popular. Por un lado, hay un sector importante y fiel del electorado popular que premia la dura confrontación con la izquierda, el sostenimiento de un discurso bronco y muy identificado ideológicamente. Recordemos la oposición al Gobierno de Zapatero, en el que, lejos de aportar de forma constructiva, el Partido Popular se dedicaba a ejercer un acoso desmedido. Luis Barcala hasta la fecha ha marcado esa misma línea política, sosteniendo su oposición en la búsqueda de las debilidades del tripartito e, incluso, judicializando las mismas, sin haber hecho una propuesta de interés para la ciudad. Esta es, reitero, una estrategia que ha funcionado en otras ocasiones y que tiene seguidores, pero tengo serias dudas de su eficacia en la actualidad. Por otro lado, Carlos Castillo se ha caracterizado por su imagen de buen gestor, esa que siempre ha querido tener el Partido Popular, pero no ha demostrado en la Comunidad Valenciana. Por ello, para recuperar esa imagen y también los votos que se fueron a Ciudadanos, hay otro sector popular que postula una propuesta más centrada, que representa el vicepresidente de la Diputación, capaz de aglutinar un espectro político más amplio y basado en proyectos de futuro realistas y eficientes. El problema, como decía anteriormente, es que se imponga un pacto y se repartan los cromos entre ellos, dejando tanto a la militancia como al electorado sin un mensaje que clarifique las perspectivas de la organización.

Además de esta disyuntiva, hay otro motivo por el que debe permitirse una confrontación, y no se basa en cuestiones estrictamente personalistas. Hay una necesidad latente en la militancia del Partido Popular de debatir sobre su participación, al objeto de disponer de protagonismo en la exigencia de responsabilidades a sus dirigentes. La huida masiva de votantes populares hacia la abstención u otras alternativas políticas se ha debido a la falta de respuesta interna a los casos de corrupción. El papel de la denuncia interna por parte de los militantes es determinante para obtener la confianza de un electorado cada vez más exigente con los partidos políticos. Por ello, es irremplazable que el Partido Popular otorgue protagonismo a la militancia en un momento de cambio de paradigma político, de lo contrario, la insatisfacción y el descrédito se instalarán de forma permanente en su seno.

En definitiva, esperar a que los errores del adversario lleven al Partido Popular de nuevo al gobierno local puede resultar frustrante para una organización que le cuesta renovarse y adaptarse a unos tiempos que demandan otra manera de hacer las cosas. Si desaprovecha esta ocasión, el Partido Popular dejará pasar cuatro años apostados en un inmovilismo que le aleja de la vanguardia de los partidos europeos.