Alicante va de mal en peor. Así opinaba la concejala de Acción Social, Julia Angulo, durante la presentación del último Informe Social de la ciudad de Alicante. Coincido con ella. En contra de lo que suele ser habitual entre los políticos, la edil sustenta su impresión en datos y no en simples consideraciones subjetivas. Con este aviso es posible que pretenda visibilizar un nuevo enfrentamiento en el seno del tripartito -en esta ocasión de carácter presupuestario-, pero también se trata de un reconocimiento público de que la situación social no mejora. Cosa bien distinta será que, dentro de esa jaula de grillos en la que se ha convertido el ayuntamiento alicantino, alguien mueva un dedo para solucionarlo. Difícil tarea.
Hace apenas dos meses que fueron aprobados los presupuestos municipales. El alcalde, Gabriel Echávarri, se vanagloriaba de que eran los más sociales de la historia ¡Coño, aquí y en Lepe! La misma cantinela de siempre porque, año tras año, no hay cuentas públicas que no sean las más sociales del mundo mundial. No se conoce alcalde o alcaldesa, presidente o presidenta, que no haya venido con la misma milonga. En esta ocasión, era evidente que alguno de sus socios de gobierno no pensaba de igual manera. Y es que, ya antes de cuadrar las cifras, desde Guanyar advertían que las ayudas sociales más urgentes no llegarían a fin de año. Así parece que ocurrirá.
El informe de Acción Social nos ofrece una fiable descripción de cómo andan las cosas por aquí. Toca las narices que no haya tenido más repercusión y es que, como era de esperar, hay asuntos poco agradables de airear. Seguimos más preocupados por la deuda del Hércules con Hacienda o por cómo afectará el calendario escolar a las fiestas de Hogueras. Asuntos que precisan solución, por supuesto, pero ya quisiera ver la misma movilización ante los verdaderos problemas sociales. Nos cuentan que más del 10% de los alicantinos han necesitado atención por parte de los Servicios Sociales municipales en el último año. No sé a ustedes, pero a mí esta cifra me produce cierto respeto. Más aún cuando, ni de lejos, se da respuesta a esa tercera parte de la población que se encuentra en riesgo de exclusión social.
Angulo avisa de que ya se ha agotado la mitad de la partida destinada a las ayudas de emergencia. Vaya, que sus predicciones de marzo siguen vigentes, por mal que nos pese. "Cosa nunca antes vista en Alicante", decía la concejala, haciendo referencia a la gravedad de la situación. Dicen que la crisis va superándose y así apuntan los datos macroeconómicos. Sin embargo, la pobreza no disminuye por estas tierras. Muy al contrario, parece extenderse en algunos estratos sociales que nunca hubieran esperado pasar tantas penurias para cubrir algunas necesidades básicas. Las subvenciones para alimentos constituyen la quinta parte del total del presupuesto destinado a este tipo de ayudas de subsistencia. Lo dicho: cosa nunca antes vista.
La realidad evidente es que no se observa priorización alguna en materia de servicios sociales. Desconozco si es afán por mentir o falta de vergüenza. Basta con molestarse en consultar las cuentas municipales para observar que, el porcentaje destinado a las actuaciones de protección social, sigue siendo el mismo que en tiempos del PP. Si me apuran, incluso alguna décima más bajo. Y es que, si algo se mantiene invariable en la política, es la regla de no invertir en actuaciones que no aporten jugosos beneficios electorales. Basta con repetir el cuento de siempre -"son sociales, los más sociales"- para tranquilizar las conciencias de quienes prefieren mirar hacia otro lado. Pues la pobreza sigue ahí. Nada ha cambiado.
No andaremos tan bien cuando el número de personas sin hogar se ha incrementado sustancialmente en el último año. Cerca de 300 personas necesitaron cobijo en el albergue municipal. La carencia de techo también se visibiliza en la ocupación de viviendas, fenómeno que se extiende a barrios en los que nunca antes se conoció esta problemática con igual intensidad, como empieza a ocurrir en Carolinas Bajas. Añadan la galopante pobreza energética para hacerse una idea, más o menos aproximada, de la situación que dibuja el informe de Acción Social. No hay peor ciego que el que no quiere ver.
Si de empleo hablamos, nos recuerdan que cada alicantino que trabaja acaba manteniendo a otros dos que no tienen igual suerte. El indicador que los técnicos denominan "Índice de Dependencia General" ha alcanzado el valor más elevado de los últimos años. Y es que, por mucho que la crisis empiece a remitir, aquí seguimos dando pasos hacia atrás. Razones hay para preocuparse cuando desde la Concejalía de Acción Social concluye que, la relación entre población productiva y población dependiente, es insostenible a medio plazo. Nada extraño, no obstante, en una ciudad con una tasa de paro del 22%, muy alejada de ese 18,2% que se registra a nivel nacional. A lo largo de esta legislatura autonómica y municipal, la tasa de desempleo en Alicante ha descendido menos que en las otras grandes ciudades de la Comunidad Valenciana. Vaya, que no avanzamos a la par. Supongo, como ya es costumbre, que la culpa será de la herencia recibida.
Hay más, mucho más. Esa feminización de la pobreza y unas carencias, cada vez más perentorias, entre los mayores y las familias monoparentales. La cuestión es que se han detectado las necesidades para poder planificar cómo afrontarlas. Bien hecho, pero no puede descargarse sobre esta concejalía la responsabilidad única de dar solución a la precariedad económica y social. Es obvio que la situación no se solventa desde las ayudas de emergencia, simples parches que permiten solventar solo puntualmente estas situaciones extremas. Son otras instituciones las que están obligadas a actuar para prevenir el problema. Habrá que coincidir, con los autores del informe, en que las políticas activas de empleo son el medio idóneo para evitar que el problema siga progresando sine die. Una competencia, por cierto, propia del gobierno autonómico y no del nacional.
A riesgo de ser reiterativo -me la trae al pairo-, hay razones para insistir en priorizar la protección social en el presupuesto. O, en caso contrario, dejarse de monsergas y dar la razón a quienes defienden que son los mismos perros con distintos collares. Porque, ciertamente, eso parece.
