Días antes de que el conseller Vicent Marzà presentara el decreto de plurilingüismo, el presidente de la Diputación, César Sánchez, se reunió en Calp, localidad de la que es alcalde, con Jaume Fullana, director general de Política Educativa. El dirigente del PP y Fullana, también de la Marina Alta y firme defensor de la enseñanza en valenciano, se conocían desde hace tiempo. El ahora alto cargo de Educación fue director de un centro educativo en Calp además de ser el padre de Gerard Fullana, diputado de Compromís y el «jefe» de facto de la oposición a César Sánchez en la Diputación. La visita tenía como objetivo principal hablar de temas educativos de Calp. Pero, finalmente, Jaume Fullana «sondeó» la opinión del presidente de la institución provincial sobre el decreto de plurilingüismo. No era una puntada sin hilo. En la conselleria sabían dos cosas. Primero: esa medida podría acabar generando más decibelios de polémica en Alicante que en ningún otro sitio. Y segundo: César Sánchez ha convertido la Diputación en el principal reducto de oposición al Consell que comparten los socialistas y Compromís. Así que la conversación era clave para medir el volumen de la batalla política que podía originar esa resolución. César Sánchez, de primeras, no se opuso. Conocía de antemano «su» realidad. En su pueblo todos los colegios eligieron el avanzado. Y en su comarca casi el 100% optó por los niveles más altos de inglés y valenciano. Sí pidió, como condición, que se buscara el acuerdo y, sobre todo, que se hablara con toda la comunidad educativa antes de decidir. Pero cuando la conselleria sacó el decreto de plurilingüismo, el ala del PP de Alicante que avala las posiciones más duras contra el Consell impulsó el recurso de la Diputación ante el TSJ que, a la postre, se ha saldado con la suspensión cautelar del decreto. César Sánchez lo asumió aunque mantuvo su oferta. Llegó a garantizar en público la retirada de su impugnación si, a su vez, Marzà posponía su decisión y la consensuaba. Ni participó en la presentación del recurso -lo hizo en solitario el vicepresidente Carlos Castillo- ni tampoco acudió a la última manifestación en Alicante. Pero ahora con la suspensión decretada por el TSJ, unos por los otros, el «choque» político y social ya parece inevitable. Dicen los que llevan décadas defendiendo el valenciano -oficial junto al castellano- que lo peor que le podía pasar es convertirse, como está ocurriendo, en arma arrojadiza de una batalla ideológica entre el PP y Compromís. Con la lengua, apuntan, debería buscarse el consenso y quedar al margen de cualquier guerra política. Y tienen razón.
