En Callosa de Segura se vivió en 1936 el terror de una cruel persecución religiosa contra los cristianos. Edificios y obras de arte religiosos fueron quemados, y dos sacerdotes naturales de Callosa, además de muchos fieles, fueron asesinados.

Concluida la Guerra Civil, en la Plaza de la Iglesia de Callosa de Segura descansa desde la década de los años cincuenta una gran Cruz de mármol que los vecinos colocaron por suscripción popular y que recoge los nombres de todas estas víctimas de la sinrazón fratricida. No eran militares ni combatientes; ni siquiera compartían las mismas ideas políticas, aunque sí la misma Fe Católica.

En 1957 se había añadido una placa en recuerdo de los falangistas asesinados cuando trataban de obtener la liberación de Jose Antonio. Conviene recordar que, guste más o menos, la Falange Española era un partido legal en 1936 y lo sigue siendo hoy día.

Así, el día 3 de marzo de 2016 aprobó el pleno del Ayuntamiento de Callosa una moción que, en sus propios términos, decreta la retirada de la Cruz de la Plaza de la Iglesia: considera dicha resolución que procede al amparo del artículo 15 de la ley 52/2007, olvidando que esta ley no cabe aplicarse «cuando las menciones sean sin exaltación de los enfrentados o cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley» ni cuando los símbolos están en propiedad privada, de la Iglesia o de un tercero.

Poco después el párroco decidió eliminar del monumento las placas que mencionaban a Jose Antonio Primo de Rivera y a los falangistas asesinados. Era septiembre de 2016, y pudo el párroco actuar así en virtud de su condición de representante de la Iglesia, propietaria de la plaza y del monumento funerario. El Ayuntamiento lo permitió sin rechistar, admitiendo así pacíficamente dicho ejercicio público de derechos dominicales.

Una vez que las placas habían sido eliminadas, el Partido Popular llevó al Pleno del Ayuntamiento una moción para que, no concurriendo ya mención alguna siquiera vagamente política, pudiera el monumento permanecer en el entorno de la Plaza de la Iglesia. El Pleno resolvió no permitirlo, pero eliminadas las menciones políticas carecía de razón jurídica para ello: hallándose en el monumento exclusivamente elementos religioso-funerarios y no políticos o de exaltación de régimen político alguno, el empeño de la administración local en eliminarlo sólo responde al deseo ilegítimo e inconstitucional de restringir el derecho a la libertad religiosa y a la libertad de expresión de la creencia religiosa como elemento de identidad de un importante y numeroso conjunto de españoles, vecinos de Callosa de Segura en este caso.

La gente de Callosa no desea la destrucción de un monumento que carece de símbolos y de significados políticos. El recuerdo de sus vecinos asesinados, en forma de nombre esculpido en una cruz, aporta al pueblo elementos de identidad, de orgullo y dignidad por haberse sobrepuesto a la desgracia y haber construido una nueva época de convivencia en paz. Convivencia que algunos se esfuerzan por destruir, en la creencia errónea de que pueden ganar algo con ello.

Resulta terrible que casi un siglo después de los acontecimiento de 1936, cuando la intolerancia religiosa y política causó tan grave tragedia en el pueblo de Callosa y en España entera, sigan algunos individuos utilizando su posición en las instituciones públicas para tratar de borrar de la existencia -y hasta del recuerdo si pudieran- a quienes identifican como sus adversarios ideológicos. Aterra que un conjunto de fuerzas de la izquierda traiga de nuevo las llamas de la confrontación a los católicos, exactamente como sucedió en 1936. La intolerancia y los malos sentimientos nunca nos traerán paz ni prosperidad; sólo el perdón, el respeto a otros pensamientos políticos y religiosos y la reconciliación pueden lograrlo.