Todo poder es deber, escribía Víctor Hugo. La autoridad, precisamente para ser reconocida como tal, exige del cumplimiento de aquellas obligaciones que le acompañan. Y, en alguna que otra ocasión, el deber aporta más sinsabores que alegrías. Tomen como ejemplo la tutela de menores, esos hijos putativos de la Generalitat que no lo son por deseo, sino por necesidad. Su atención no aportará muchos votos ni aplausos, cierto, pero es una de las exigencias implícitas del poder autonómico. A la vista de lo conocido esta semana, también es uno de los mayores abandonos de la política social en la Comunidad Valenciana.
Voy situándoles. La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha hecho públicos los resultados de las inspecciones realizadas a distintos centros de menores. Los datos aportados ofrecen una visión desalentadora e, incluso, alarmante. De entrada, la insuficiencia de inspectores solo ha permitido analizar el funcionamiento de 16 de los 80 centros que ofrecen este tipo de servicios. En honor a la verdad habrá que reconocer que, con el actual gobierno autonómico, el número de funcionarios dedicados a estos menesteres se ha incrementado ligeramente. Eso sí, apenas alcanzan a ser la mitad de los exigidos por la Ley.
Ocho de cada diez centros inspeccionados han presentado deficiencias, pero en dos de ellos concurren circunstancias de especial gravedad. El tema ha llegado a mayores y Oltra acusa a una orden religiosa de maltratar a los chavales, así como de alimentarlos con productos caducados. Hay más. Llama la atención el cierre de un centro de acogida en Valencia -ojo, en este caso es de gestión directa de la Generalitat- que, a juicio de su directora, no cumple con las mínimas condiciones de habitabilidad. Imaginen cómo será el escenario que se dibuja que, a Ximo Puig, le lleva a recordar las novelas de Charles Dickens. Y es que, según el President, los menores están siendo marginados como ocurría con Oliver Twist hace un par de siglos. Ahora bien, no pierdan un pequeño detalle: obviamente son marginados por la Generalitat Valenciana, a quien compete legalmente su cuidado.
Tan vergonzante es la realidad que la vicepresidenta -y también consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas- entró en «estado de shock» al conocerla, según ella misma ha declarado. Los presuntos malos tratos que venían sucediendo en el centro «La Resurrección», gestionado por las Hermanas Terciarias en Segorbe, han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía de Menores. Si las acusaciones son ciertas, allá se las vean las monjitas; si no fuera así, será Oltra quien deba dar explicaciones. En todo caso, tarda en explicar los motivos por los que no se ha actuado de igual modo con la situación del centro valenciano de Monteolivete. Un cierre por insalubridad merece que los fiscales tengan conocimiento de las condiciones en las que se atendía a los menores. El problema, como es obvio, es que la responsable última de ese centro es la propia vicepresidenta. Vaya, que habría que denunciarla a ella misma o cortar alguna cabeza intermedia, como ya es costumbre en estos casos.
En un alarde de estrategia, se opta por aplicar aquello de que la mejor defensa es un buen ataque. Por el momento, Oltra ha declarado que «se han tapado cosas y mientras yo esté aquí los niños tendrán voz». No le quito la razón en lo primero porque el abandono viene de antaño. Dudo, sin embargo, que los niños tengan voz alguna por parte de quien parece más atenta a la proyección -personal, por supuesto- que a la gestión. A la también lideresa de Compromís se le debe disculpar que prometiera cambiar el mundo, sin disponer de un conocimiento más ajustado de la realidad. Al fin y al cabo, tanto derecho tiene de vendernos sueños imposibles como quienes ya lo hicieron antes que ella. Cosa bien distinta es que disfrace la inoperancia con ese victimismo constante al que recurren los incapaces. El problema, como tantos otros, viene de lejos y no sería justo esperar cambios radicales en apenas una legislatura. Ahora bien, que la responsable de las políticas de Bienestar Social desconociera las infrahumanas condiciones en que se encontraban sus propios centros, obliga a que aporte explicaciones. Casi dos años dirigiendo un negociado en el que ya hemos visto a personas mayores atadas a las camas, menores hacinados o denuncias de abusos sexuales, todo ello en centros gestionados directamente por la Generalitat. Eso no es la herencia recibida, sino el resultado de un manifiesto desinterés por aquellas políticas sociales que aportan menor rédito electoral.
Me dirán que, en un ejercicio de transparencia, se ha optado por enseñar las propias vergüenzas. Sin embargo, Oltra no hace referencia a los distintos informes que el Síndic de Greuges le ha ido remitiendo a lo largo de la actual legislatura, manifestando su preocupación por las serias deficiencias advertidas en el sistema de protección de menores. Tampoco hace mención a su habitual tendencia a no responder a las recomendaciones del defensor del pueblo autonómico. Obvia, por otra parte, que fue la Inspección de Trabajo quien requirió previamente a la Generalitat para que solventara algunas de las deficiencias que ahora se denuncian. Tampoco hace mención a la existencia de las investigaciones policiales que han sido abiertas ante presuntos casos de violación y prostitución de menores, en relación al centro que ahora se cierra. En fin, que cuando no hay a quien colgarle el muerto, se sigue optando por el silencio.
Monteolivete era una bomba de relojería que no sabían cómo desactivar desde la Generalitat. En un centro gestionado directamente por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, era innecesario esperar a una inspección del mismo departamento para detectar tan graves deficiencias. Las extremas condiciones de inhabitabilidad y el hacinamiento de los menores se han mantenido de forma consciente, a pesar de las advertencias de la Fiscalía de Menores, a cuyos requerimientos de cierre tampoco atendió la vicepresidenta del Consell. Dice Oltra que no le constan, que no aparecen en el registro. Se comunicó hace un año. En fin.
Motivos hay para pensar que las monjas de Segorbe, independientemente de que actuaran o no como se ha denunciado, son simples cabezas de turco. Más grave parece la conducta de la propia Generalitat respecto a los centros que dependen directamente de ella y, sin embargo, los propios responsables asumen el rol de denunciantes. Son los mismos a los que cabe reclamar los impagos pendientes con aquellas entidades que, sin fin de lucro, gestionan gran parte de los servicios sociales especializados. O los que prorrogan contratos con empresas que han presentado suspensión de pagos. Los mismos que, mientras afirman que «todo el sistema de menores tendría que ser público», siguen sacando a concurso la gestión privada de los centros. Ya ven, nada ha cambiado.
Razón tiene el President para recordar las andanzas de Oliver Twist. A un servidor le viene a la cabeza otro cuento, Pinocho, aquél que hizo famoso a Carlo Collodi. Porque, en esta historia, alguien miente. Y mucho.
