n los próximos días se va a someter al Pleno Municipal la aprobación del Catálogo del Patrimonio Cultural y del Paisaje que se ha venido tramitando desde hace unos meses y que incluye elementos arquitectónicos, espacios naturales, lugares arqueológicos y árboles monumentales. Es una exigencia que asumió la actual corporación ante el posible levantamiento de una suspensión de licencias de elementos del patrimonio de la ciudad derivada de una decisión del anterior gobierno municipal relacionada con el PGOU que se retiró . La PIC se posiciona por la aprobación de este documento urbanístico y cultural en la medida que un resultado contrario podría tener consecuencias irreversibles sobre la protección y conservación del patrimonio de la ciudad. La PIC apela a la responsabilidad de los representantes políticos presentes en el pleno municipal para que voten pensando en la ciudad y en su territorio y dejen de lado sus intereses políticos coyunturales.

Al pedir el voto afirmativo para el Catálogo lo hacemos recordando algunos de los más lamentables casos de derribo, o de interpretación interesada de la normativa de protección, que se han producido en los últimos años: Edificio de la Junta de Obras del Puerto, edificio Bergé, Capitanía General, naves y silos de la Estación, lonja moderna del puerto, edificio Salvetti; a los que hay que añadir algunas polémicas como la del Palacio de Congresos en el Benacantil, o la más reciente del barrio Heliodoro Madrona en el puerto salvado in extremis de la piqueta, de momento. Constituyen elementos cuya protección era responsabilidad municipal y de otras administraciones como la Autoridad Portuaria y la sociedad Avant que con estas actuaciones han adquirido una deuda con la memoria histórica de la ciudad. Para saldarla, deben de comprometerse con unas políticas más enérgicas de protección y conservación del patrimonio.

Es cierto que el documento que se va a someter a aprobación tiene carencias, otras se han corregido, pero también es cierto que se ha dispuesto de poco tiempo para desarrollar el trabajo con el rigor que exigía, pero a pesar de ello el documento es más que aceptable. Este catálogo no es un documento cerrado, con su aprobación se abriría un proceso de enriquecimiento de su contenido abierto a la incorporación de nuevas piezas y elementos que el devenir cultural de la ciudad demande, así como con las aportaciones que el nuevo planeamiento general determine. También la premura de tiempo pueden haber influido en cómo se ha desarrollado el proceso de participación e información, demasiado formal e improvisado. Además, la participación pública en un documento urbanístico de esta naturaleza tiene una finalidad educativa preferente porque su contenido remite a nociones, conceptos y valores, como los de «paisaje», «patrimonio», «medio natural», que tiene que ver con la sensibilidad y la memoria colectiva, cualidades que no son innatas en el ciudadano, requieren un aprendizaje. Por eso nos ha llamado la atención el escaso o nulo papel de las concejalías de Cultura y Educación y Memoria Histórica en el proceso de gestión y participación del Catálogo de Patrimonio Cultural.

Recientemente, en estas mismas páginas, un excelente artículo de Carlos Gómez Gil defendía la necesidad de introducir la noción de «Ciudad Educadora» fundada en «una educación que traspase las fronteras de los centros educativos para generar una pedagogía social e institucional donde la comunicación y el diálogo sea la base del entendimiento». La gestión del Catálogo de Patrimonio hubiera sido una buena oportunidad para poner en práctica esta idea desarrollando actividades que al mismo tiempo que informaban a los ciudadanos sobre los valores que defiende el documento se reflexionase sobre ellos. El derecho a una «Ciudad Educadora» lo entendemos como una extensión del derecho fundamental a la educación.

Kant atribuía la noción de «dignidad» a todo aquello que no tiene «precio», que no puede ser sustituido por algo equivalente. La dignidad trasciende el concepto de precio, es un valor en sí mismo, nunca es un medio. La belleza de su arquitectura y paisaje o su memoria construida son atributos que, entre otros, confieren dignidad a una ciudad, defendiéndolos nos manifestamos por una ciudad más digna.

(*) Firman también este artículo Isidoro Manteca, José María Perea, Pepe López y José Ramón Navarro, miembros de la PIC.